Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta que ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada a la trata de inmigrantes y a la explotación laboral en varias provincias del interior de España. La operación, bautizada como “FRANCISKAN-EVEREST”, inició en julio de 2024 y se ha saldado con la detención de 11 personas, además de la investigación de otras dos por delitos relacionados con la migración irregular, tráfico ilícito de mano de obra, y condiciones laborales inhumanas.
La red criminal empleaba un modus operandi sofisticado y violento, que comenzaba con la entrada de inmigrantes en territorio Schengen con visados de turista. Desde allí, estas personas eran desplazadas clandestinamente hacia distintas áreas del país, donde vulneraban sus derechos laborales y humanos en condiciones extremas. La organización se estructuraba en diferentes ramas interconectadas, una de las cuales se encargaba de alojar y emplear a los migrantes en Villalgordo del Júcar (Albacete). Allí, los inmigrantes eran hacinados en condiciones indignas, en zonas sin ventilación y con escasos aseos, en alojamientos que poco o nada respetaban los mínimos requisitos higiénicos y de salubridad.
Desde esta localidad, los migrantes eran trasladados diariamente en furgonetas, algunas de ellas sin las medidas de seguridad adecuadas, a los campos agrícolas en varias provincias, incluyendo Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. Estos desplazamientos se producían en vehículos que en ocasiones estuvieron involucrados en accidentes de circulación, resultando en la trágica pérdida de una vida, la de un ciudadano nepalí.
La explotación laboral bajo las órdenes de la organización implicaba jornadas que alcanzaban las 12 horas, además de comisiones abusivas por desplazamientos, alquileres de viviendas precarias y, en algunos casos, pago en comida en lugar de dinero, en un claro escenario de vulneración de derechos. Muchas de estas víctimas permanecían meses trabajando sin recibir prestaciones económicas, relegadas a una existencia de trabajo esclavo y condiciones de vida insostenibles.
La fase final de la operación incluyó nueve registros en Villalgordo del Júcar y La Roda, donde se intervinieron cuantiosos bienes y documentación. Entre los objetos decomisados se encontraban dinero en efectivo, cheques, talonarios, teléfonos móviles, material informático, facturas y documentación fraudulenta. Además, se incautaron doce vehículos, incluyendo dos de alta gama, así como varias cuentas bancarias relacionadas con la organización.
Desde el punto de vista humanitario, el esfuerzo se ha centrado en garantizar la asistencia y protección de las personas explotadas. La colaboración con la Embajada de Nepal en España, mediadores culturales y asociaciones de migrantes ha permitido restablecer socialmente a varios inmigrantes en situación de vulnerabilidad. La Cruz Roja Española ha participado activamente en la atención humanitaria, facilitando alimentos, ropa de abrigo, y gestionando alojamientos alternativos en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Subdelegación del Gobierno en Albacete trabaja actualmente en procedimientos de regularización y en la elaboración de un diagnóstico completo para evitar que casos similares vuelvan a repetirse.
Los detenidos, presentados ante el Juzgado de La Roda, han sido puestos en prisión provisional sin fianza, y pese a la desarticulación de la organización, no se descartan nuevas detenciones conforme avance la investigación.
La operación “FRANCISKAN-EVEREST” supone un paso importante en la lucha contra la migración irregular y la explotación laboral en España, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y protección tanto para los inmigrantes como para quienes emplean desde condiciones de vulnerabilidad extrema. La labor conjunta de las fuerzas de seguridad, instituciones sociales y organismos internacionales resulta fundamental para erradicar estas prácticas delictivas y garantizar los derechos de las personas más vulnerables.
Fuente: Ministerio del Interior
