En medio de la disputa interna dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la nueva metodología de retribución para las redes eléctricas fijada para el período 2026-2031, se ha presentado un voto discrepante por parte del vicepresidente del pleno y presidente de la sala de supervisión regulatoria, Ángel García Castillejo. El desacuerdo surge tras la aprobación de la propuesta presentada por la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que fue ratificada por un estrecho margen. García Castillejo critica los vetos a las propuestas alternativas y advierte que la reforma podría enfrentarse a problemas legales en los tribunales. La discusión se centró en la falta de consideración a las observaciones del Consejo de Estado y a las consecuencias negativas que podría tener para el sector eléctrico español, incluidas la inestabilidad e inseguridad jurídica.
La controversia se agudiza con el rechazo de la presidenta de la CNMC a la solicitud de una audiencia pública, lo que García Castillejo considera una falta de diálogo real con los actores del sector eléctrico. A la vez, dos consejeros de la CNMC, expertos en regulación energética, también preparan votos discrepantes, resaltando su desacuerdo con la resolución adoptada. Mientras la CNMC asegura que las circulares aprobadas son legal y económicamente sostenibles, el sector teme que los cuestionamientos presentados puedan dar lugar a pleitos judiciales, comprometiendo el entorno de certeza necesario para las inversiones y el progreso energético en España. La situación se complica dado que la decisión final se adoptó en un foro de pleno donde, por razones de salud, uno de sus miembros estuvo ausente.
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