En el reciente Congreso del PSOE en Sevilla, una enmienda controvertida ha reabierto el debate sobre los derechos de las personas trans y queer, generando tensiones dentro del partido y con sus aliados de coalición, como Sumar. La enmienda, apoyada por un sector liderado por Carmen Calvo, estipula que ninguna persona de sexo masculino puede participar en categorías deportivas femeninas, además de excluir la Q y el signo «+» del acrónimo LGTBI. Este ajuste semántico ha sido interpretado por algunas voces internas y externas al partido como un retroceso en el reconocimiento de identidades diversas. Desde hace años, dentro del PSOE y su coalición, los derechos trans han sido una fuente de fricción, exacerbando las diferencias políticas y cuestionando el lugar del feminismo en la agenda socialista. Víctor Gutiérrez, secretario general LGTBI del PSOE, ha asegurado que continuará trabajando para garantizar los derechos de todas las identidades dentro del colectivo, a pesar de que el «+» ha sido eliminado en la votación.
Los colectivos LGTBIQ+ y varias personalidades políticas han expresado su rechazo al resultado del Congreso, señalando que el nuevo posicionamiento del PSOE se alinea con discursos de extrema derecha y representa un peligro para la democracia y el avance de la igualdad en España. Irene Montero, anterior ministra de Igualdad, denunció la transfobia que implican estas medidas. La Plataforma Trans y la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña han rechazado la enmienda, afirmando que la decisión invisibiliza a comunidades históricamente luchadoras por sus derechos, justo en un momento en que crecen las agresiones LGTBIQfóbicas. Este paso del PSOE es considerado por muchos como un error grave y un intento de contentar a facciones excluyentes, con el riesgo de desmontar décadas de avances en diversidad e inclusión.
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