La Unión Europea ha dado un paso histórico en su lucha por sancionar a Rusia en respuesta a su intervención en Ucrania, al decidir la inmovilización indefinida de 210.000 millones de euros en activos rusos bloqueados en territorio comunitario. La medida, aprobada de manera formal este viernes tras concluir el proceso de apoyo de los Estados miembros, busca fortalecer las garantías legales que permitirán en un futuro próximo utilizar estos fondos en el financiamiento de un préstamo de reparación destinado a Ucrania.
Este mecanismo ha contado con el respaldo de veinticinco de los veintisiete países miembros, a excepción de Bélgica, que mantiene una postura de rechazo a la utilización de estos activos para financiar el préstamo. Sin embargo, Bélgica, junto con Malta, Bulgaria e Italia, ha suscrito una declaración conjunta que permite avanzar en las fases iniciales del proceso sin que ello implique aún una decisión definitiva sobre el destino de los fondos. La decisión no prejuzga ningún uso específico de los activos y no anticipa su destino final, dejando abiertas las posibilidades a futuras negociaciones a nivel europeo.
El proceso fue definido por la UE como un paso crucial para reforzar la posición negociadora de los líderes comunitarios, quienes buscan consensuar en la próxima cumbre una estrategia integral que permita emplear la liquidez de estos fondos en un proceso donde Ucrania recibiría aproximadamente 90.000 millones de euros en ayuda financiera. Según la propuesta, Kiev solo estaría obligada a devolver estos recursos si Moscú termina la guerra y repara los daños ocasionados, incorporando un componente de condiciones políticas y económicas que refuercen la relación entre financiamiento y pacificación.
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es el uso del artículo 122 de los Tratados de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros prohibir transferencias de activos en caso de conflicto, incluso sin unanimidad, mediante una mayoría cualificada. Esto significa que, en caso de que se active, Hungría y otros países podrían verse impedidos a vetar la medida, lo que ha generado una reacción inicialmente de rechazo por parte del gobierno húngaro. Viktor Orbán expresó que la decisión es “sin precedentes”, adoptada con un marco legal “incorrecto” y que busca “eludir la unanimidad”, además de criticar la permanencia de la medida como “indefinida” y de difícil reversión, a pesar de que el mecanismo europeo la considera temporal.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la utilización de la mayoría cualificada podría permitir que la medida avance incluso si Bélgica mantiene su oposición, y que los procedimientos están en marcha para ofrecer garantías a todos los países, especialmente a Bélgica, con el objetivo de lograr consenso en la cumbre del 18 de diciembre próximo. La expectativa es que los líderes comunitarios aprueben oficialmente la propuesta, dando un paso decisivo hacia un uso más decidido de los activos congelados en la presión sobre Rusia.
El debate en torno a esta estrategia se intensificó después de que varios países, entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania, enviaran una carta a Costa y Von der Leyen defendiendo que emplear los activos rusos en financiamiento sería la opción más viable y políticamente realista. No obstante, países como Bélgica mantienen una postura cautelosa y reiteran la necesidad de seguir negociando, ante el temor de establecer un precedente que pueda afectar la legalidad y la estabilidad jurídica de futuras acciones.
Mientras tanto, la fiscalización de estos fondos sigue en un escenario de incertidumbre, con una demanda presentada por Rusia contra la entidad belga Euroclear, encargada de custodiar cerca de 185.000 millones de euros en activos congelados. Moscú reclama por las pérdidas ocasionadas por el uso de esos fondos sin su consentimiento, lo que podría agregar complicaciones legales a la estrategia europea.
A medida que la Unión Europea avanza en la definición de su postura final, el escenario continúa cargado de tensión política y jurídica, en medio de una guerra que ha puesto a prueba los mecanismos de sanción y la solidaridad entre los países del bloque. La próxima cumbre será decisiva para determinar si se logrará un consenso que permita a la UE no solo aumentar sus medidas restrictivas, sino también actuar con mayor efectividad en la financiación de la recuperación de Ucrania y en la presión sobre Moscú.
