Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha permitido la liberación de 15 víctimas de explotación sexual, captadas a través de anuncios en redes sociales por una organización criminal de origen mayoritariamente asiático. La operación, en la que además colaboró la ONG Our Rescue, desmanteló una red que se lucraba con la explotación de las mujeres, así como con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes, incrementando de este modo sus beneficios ilícitos.
Las víctimas, en su mayoría mujeres de origen chino, eran recluidas en pisos de alterne en Palma (Islas Baleares) y en otras localidades, sometidas a un régimen de esclavitud en el que estaban disponibles de forma permanente y bajo estricta vigilancia. La organización imponía un control absoluto sobre sus movimientos, forzándolas a realizar servicios sexuales tanto en locales como a domicilio, sin libertad para rechazar a los clientes e incluso realizando prácticas sin preservativo. Los beneficios obtenidos de estas actividades eran entregados íntegramente a la organización, que se reservaba solo el 50% del importe tras cubrir gastos de alquiler y manutención.
El inicio de la investigación se remonta a abril de 2025, tras recibir comunicaciones anónimas al correo [email protected] del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional. En esas comunicaciones, las víctimas denunciaban estar recluidas en pisos de Palma y sufrir agresiones físicas y sexuales. La denuncia de una de las víctimas, que consiguió huir del local y acudió a las autoridades solicitando ayuda, fue decisiva para activar la operación policial.
Paralelamente, las investigaciones permitieron establecer una conexión con operaciones anteriores que ya había desarticulado parte de la misma red en Palma en 2024. Se identificó a una mujer, considerada una de las cabecillas de la organización, vinculada a prostíbulos clandestinos en la ciudad. El trabajo policial permitió detener a 14 personas —12 en Baleares y 2 en Barcelona— y efectuar 10 registros en inmuebles, que culminaron en la clausura de tres locales.
Durante los registros, se incautaron diversos objetos de valor y armas, incluyendo vehículos de alta gama, 190.000 euros en efectivo, pistolas taser y de aire comprimido, así como armas cortantes y armamento exótico. También se intervinieron joyas, relojes, teléfonos móviles y otros artículos de lujo, además de documentación que evidencia la actividad ilícita.
El modus operandi de la red incluía la captación de víctimas mediante anuncios en redes sociales, con falsas promesas de trabajos legales como masajistas, cocineras o cuidadoras, con salarios de unos 2.000 euros mensuales. La organización asumía los costos del traslado desde China y la Península, generando una deuda que las víctimas debían pagar con su trabajo sexual. Una vez en Palma, eran trasladadas y obligadas a prostituirse en locales o en domicilios, sin derechos ni libertades, con prácticas que en algunos casos incluían abusos físicos y sexuales.
Además, la red ofrecía la posibilidad de legalizar su situación administrativa mediante matrimonios fraudulentos y, posteriormente, usaban identidades falsas para gestionar cuentas bancarias y servicios, con el fin de ocultar su red criminal. La venta de drogas y potenciadores sexuales también constituía un importante ingreso, con beneficios que en algunos prostíbulos alcanzaron los 1,2 millones de euros en un solo año.
Las autoridades también detectaron que la organización controlaba sus actividades por medio de páginas web y enlaces ocultos, que facilitaban la interacción con los clientes y permitían el lavado de dinero en China a través de transferencias a cuentas en ese país. La operación representa un importante paso en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y muestra la coordinación entre diferentes cuerpos policiales y organizaciones civiles en la protección de las víctimas.
Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos, cuyo objetivo es acabar con estas redes criminales y ofrecer protección a las víctimas. La línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico [email protected] continúan siendo canales confiables y confidenciales para denunciar este tipo de delitos de forma anónima.
Los medios interesados en divulgar esta operación pueden acceder a las imágenes disponibles en los enlaces proporcionados por la Policía Nacional, destinadas a sensibilizar a la ciudadanía y a reforzar la denuncia ante este grave problema social.
Fuente: Ministerio del Interior
