En la actualidad, los salarios de la clase trabajadora en España están alcanzando niveles similares a los de 2019, pero aún se mantienen muy distantes de los niveles que ostentaban hace quince años. Este fenómeno revela una recuperación parcial del poder adquisitivo, impulsada por los recientes incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI), pero también evidencia una persistente precarización y estancamiento salarial para muchas familias.
Esta semana, un comité de expertos en análisis del SMI presentó la propuesta de aumento para 2026. Los asesores del Ministerio de Trabajo recomiendan una subida de entre el 3,1% y el 4,7%, equivalente a aproximadamente 37 a 56 euros mensuales, dependiendo de decisiones futuras en materia de tributación en el IRPF. Sin embargo, la negociación política y social aún está en marcha, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz buscando consolidar un acuerdo que incluya tanto la recomendación técnica como las demandas de sindicatos y patronal, que oscilan entre un 7,5% y un 1,5% de incremento.
Mientras tanto, el análisis de la evolución del salario mínimo desde 2018 muestra una tendencia de fuerte revalorización. En siete años, el SMI pasó de 735,9 euros a 1.184 euros mensuales en 2025, marcando un incremento cercano al 61%. Este proceso de convergencia con los estándares europeos ha situado a España entre los países con los salarios mínimos relativos más elevados del continente. En contraste, en años anteriores, las subidas eran lentas y muchas veces insuficientes para mantener el poder adquisitivo real, ya que los salarios en términos reales se veían erosionados por la inflación.
Este aumento en el salario mínimo ha tenido un impacto directo en la estructura de la ocupación, promoviendo una mayor inclusión de sectores tradicionalmente de bajos salarios. El porcentaje de trabajadores cobrando el SMI pasó del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023, con un aumento en la presencia de personas mayores de 35 años y con mayor cualificación. Sin embargo, también ha contribuido a un fenómeno conocido como «bunching» o agrupamiento salarial, donde empleados con mayor experiencia o formación se ven forzados a aceptar salarios en torno al mínimo, generando una mayor concentración de trabajadores en los niveles más bajos de remuneración.
El impacto del SMI como referencia salarial ha ido más allá de los trabajos más recientes o de baja cualificación, afectando ahora a un segmento mucho más diverso del mercado laboral. Sectores como agricultura, comercio y servicios, dominados por pequeñas empresas, muestran dificultades para ofrecer incrementos adicionales al salario mínimo, lo que contribuye a la preponderancia de salarios bajos y a la dificultad para avanzar en la estructura salarial interna. Además, en muchas ocasiones, el incremento del SMI desplaza el peso de la negociación colectiva, ya que el salario mínimo legal actúa como límite inferior en la mayoría de las convenciones sectoriales.
Asimismo, el fenómeno del agrupamiento ha agravado la distribución desigual del ingreso y ha impulsado una mayor «polarización» salarial. Datos recientes revelan que la proporción de trabajadores con cotizaciones próximas al 125% de la base mínima y que perciben salarios similares al SMI ha aumentado significativamente, lo que evidencia una menor diferenciación entre niveles de experiencia y responsabilidades.
Otra consecuencia importante es la pérdida de incentivos para la formación y la promoción interna. Cuando la diferencia salarial entre un trabajador de nivel medio con más antigüedad y responsabilidad y uno recién llegado o con menos experiencia se reduce, la motivación para formarse o asumir nuevos desafíos disminuye, afectando el crecimiento profesional y la innovación interna en las empresas.
La dinámica favorece, además, un mayor control del salario por parte del mínimo legal y la erosión de los pactos establecidos en los convenios colectivos, en tanto que el SMI ya influye en más del 40% de estos acuerdos en algunos sectores. De esta forma, el precio mínimo que las empresas están dispuestas a pagar se va convirtiendo en la referencia principal, limitando las posibilidades de negociación en los niveles superiores de la escala salarial.
Las regiones y sectores con menor productividad, alta temporalidad y predominio de pequeñas empresas, como la agricultura y ciertos servicios, experimentan una intensificación de estos efectos. La dificultad de ofrecer aumentos sustanciales a salarios ya cercanos al mínimo refuerza la concentración en la parte baja de la escala salarial y mantiene la brecha con otros segmentos del mercado laboral.
En síntesis, aunque la recuperación en los salarios ha supuesto un alivio para muchas familias, la realidad es que el poder adquisitivo sigue muy lejos de los niveles alcanzados hace quince años. La inflación, que en los últimos años hainchado los costes de vida, ha comido buena parte de los incrementos salariales recientes, reduciendo de forma significativa el poder de compra de los trabajadores españoles. La tendencia a que muchos sueldos se acerquen peligrosamente al salario mínimo contribuye también a una estructura salarial más plana y homogénea, pero con resultados potencialmente negativos en términos de incentivos económicos, movilidad social y calidad del empleo.
