La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha determinado que el Gobierno de Pedro Sánchez violó los derechos de inmigrantes irregulares desalojados en enero de un centro de acogida en Alcalá de Henares. Estos migrantes quedaron en situación de abandono y alegalidad sin proporcionarles alternativas habitacionales ni seguimiento, lo que contraviene el derecho internacional de derechos humanos y el derecho a la integridad física y moral. La actuación de la Fiscalía obedece a una demanda de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que denuncia esta situación de desamparo. La asociación subraya la necesidad de someter los procesos de alta y baja en servicios públicos a recursos, especialmente cuando los afectados son particularmente vulnerables. La Fiscalía respalda la necesidad de revertir esta situación y reafirma que dejar a migrantes vulnerables sin atención adecuada es contrario a los derechos fundamentales.

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