La tragedia ocurrida en la pasarela costera de El Bocal en Santander ha llevado a la apertura de una causa judicial, en la que al menos una de las familias afectadas ya se ha personado. La investigación se centra en las circunstancias que rodearon el colapso de la estructura, que resultó en seis muertes y una herida grave. Se ha solicitado documentación al Servicio de Emergencias del Gobierno regional sobre posibles alertas previas acerca del mal estado de la pasarela, así como información relacionada con el proyecto original y su mantenimiento. El Ayuntamiento también se ha dado a la tarea de recopilar y entregar la documentación pertinente, con un plazo estipulado hasta el próximo 17 de marzo.

Paralelamente, se ha iniciado un expediente disciplinario contra una agente de policía que no gestionó adecuadamente una llamada previa alertando sobre el mal estado de la infraestructura, aunque su tramitación se ha suspendido hasta que haya una resolución judicial. La jueza encargada del caso ha programado la citación de varios testigos, incluyendo al ciudadano que realizó la advertencia y a la operadora que trasladó la información a la Policía Local. También ha ordenado la preservación de la pasarela siniestrada y ha prohibido cualquier tipo de manipulación al respecto, mientras se ofrece a los familiares de las víctimas la opción de sumarse al proceso judicial.

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