

En España, la percepción de que el empleo protege de la pobreza está en entredicho tras la publicación de los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). La Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2025 revela que la tasa de riesgo de pobreza relativa en el país bajó al 19,5%, alcanzando su nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008. Sin embargo, estas cifras enmarcan una realidad social más compleja, que evidencia una profunda fractura entre los jóvenes que logran independizarse y aquellos que permanecen en el núcleo familiar.
Según los análisis difundidos por el think tank EsadeEcPol, aunque la proporción de jóvenes de entre 16 y 34 años en situación de pobreza cayó del 22,2% en 2015 al 17,0% en 2025, esta tendencia no fue uniforme. De hecho, la ligera mejora general se debe mayoritariamente a los cambios en quienes continúan viviendo en casa de sus padres, ya que en este grupo la tasa de pobreza descendió del 18,4% al 12,2%. Por el contrario, los datos también muestran un incremento en la pobreza entre los jóvenes emancipados: en ese grupo, que en 2025 representa aproximadamente el 27% de la población juvenil, la tasa subió del 28,4% en 2015 al 30% en 2025.
La dificultad para emanciparse se refleja en los números: el porcentaje de jóvenes que logran independizarse del hogar familiar ha descendido del 37,5% en 2015 al 27% en 2025. Esto significa que casi tres de cada cuatro jóvenes en ese rango etario continúan viviendo con sus padres, en buena medida por las elevadas dificultades económicas, en especial el alto costo de la vivienda. La imposibilidad de acceder a un hogar propio, tanto en propiedad como en alquiler a precio de mercado, actúa como un factor que limita la movilidad social y aumenta la vulnerabilidad social de los jóvenes.
La brecha de pobreza es marcada. Mientras los jóvenes que permanecen en el hogar familiar disfrutan de una tasa de pobreza del 12,2%, los emancipados con estudios terciarios enfrentan un riesgo que ronda el 23-25%. Sin embargo, la situación se agrava actualmente; el peso de la pobreza aumenta en los jóvenes emancipados que no cuentan con formación superior y que, además, enfrentan mayores obstáculos para acceder a la vivienda debido a los costes, que según estimaciones del alquiler imputado, podrían representar hasta el 92% de su salario si intentaran alquilar en condiciones normales. Este factor refuerza el papel del entorno familiar como principal red de protección frente a la pobreza.
El análisis también revela que la buena noticia de una disminución en la pobreza juvenil en general, no refleja necesariamente mejoras en las condiciones de vida para todos los grupos. La reducción del riesgo de pobreza entre los jóvenes en situación de vivienda en el hogar familiar explica cerca del 66% de la caída total, mientras que solo una quinta parte se debe a un descenso en la proporción de jóvenes emancipados en situación de pobreza —cuyo porcentaje ha permanecido en torno al 30%, casi el triple que el de quienes conviven con sus padres—.
La situación educativa tampoco aporta de manera significativa a reducir la pobreza: aunque la proporción de jóvenes con educación terciaria ha aumentado en ambos grupos, especialmente entre los emancipados, las tasas de pobreza correspondientes no muestran un descenso proporcional y continúan siendo elevadas para quienes carecen de dicho nivel formativo. La diferencia en los riesgos vinculados al nivel educativo y la condición de emancipación subraya la importancia del apoyo familiar, ya que vivir en el hogar de los padres, además de ofrecer una protección económica, facilita el acceso a la educación superior y reduce el riesgo de exclusión social.
A nivel de políticas públicas, estos datos abren un debate sobre la necesidad de intervenir en aspectos que van más allá del empleo. El alto coste de la vivienda, la precariedad laboral y las condiciones para la emancipación emergen como obstáculos principales. La apuesta por la educación terciaria, aunque valiosa, no parece ser suficiente sin un acompañamiento que facilite el acceso a la vivienda y reduzca los costes asociados a la independencia económica de los jóvenes. La evidencia refuerza que, en el actual contexto social y económico, la familia sigue siendo el primer pilar de apoyo para evitar la pobreza y la exclusión social en la juventud española.
