La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena a una mutua de seguros que rescindió sin justificación el contrato de un detective privado y deberá indemnizarlo con 30.187 euros más intereses y costas.
El protagonista del caso es Nicanor, un detective que durante 16 meses prestó servicio en varias provincias andaluzas para una mutua que había ganado una licitación pública en 2017, y que completó más de 120 informes antes de que, en marzo de 2019, la mutua rescindiera el contrato de forma abrupta alegando dos retrasos en la entrega de informes.
La sentencia desmonta esa justificación. Uno de los informes que la mutua calificó como tardío se entregó dentro de plazo, y el otro, aunque con demora, no tenía entidad suficiente para romper el contrato de forma unilateral, según recordó la Audiencia siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo sobre incumplimientos graves y reiterados.
Resultó clave otro dato: mientras alegaba motivos económicos, la mutua siguió contratando servicios similares en otras provincias y, en Sevilla, adjudicó el trabajo a otra empresa con un coste superior al que hubiera pagado a Nicanor. Esa diferencia de precio contradice la versión de que la rescisión respondió a un ajuste de gasto.
El cálculo de la indemnización parte de lo que Nicanor habría ganado si el contrato hubiera llegado a su fin natural, en septiembre de 2021: alrededor de 37.468 euros. La cifra final, 30.187 euros, se fijó según la media de facturación de los meses en los que sí prestó servicio, y la mutua deberá sumarle intereses legales y costas tras ver rechazado su recurso de apelación.
El caso no es un episodio aislado en la jurisprudencia laboral y mercantil española: otros tribunales han fijado en los últimos meses indemnizaciones similares por rescisiones y despidos considerados injustificados, como el caso resuelto por el TSJ de Galicia con 21.114 euros de indemnización o otro fallo que obligó a una empresa a pagar 40.000 euros por un despido basado en una prueba ilegal.
La sentencia deja claro que una relación contractual, aunque no sea laboral en sentido estricto, solo puede romperse de forma unilateral cuando hay incumplimientos graves. Contratar después a un proveedor más caro para el mismo servicio pesa en contra de quien alega motivos económicos para justificar la ruptura.
30.187 euros, más intereses legales y costas procesales, según la sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla.
La mutua alegaba dos retrasos en la entrega de informes, pero la Audiencia consideró que no eran incumplimientos suficientemente graves para justificar la ruptura unilateral del contrato.
Que la mutua siguió contratando servicios similares en otras provincias y adjudicó el trabajo en Sevilla a una empresa con un coste superior, lo que contradecía su alegación de motivos económicos.
Sobre la base de la media de facturación durante los meses en los que el detective prestó servicio efectivamente, hasta la fecha en la que el contrato habría finalizado de forma natural, en septiembre de 2021.
Fuente: Infobae.
