A inicios de febrero, la administración de Donald Trump decidió cancelar dos programas federales que permitían que más de 700.000 venezolanos, junto a cientos de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses, pudieran residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta medida ha generado una ola de incertidumbre y temor dentro de la comunidad venezolana en Estados Unidos, especialmente en «Doralzuela» o «Little Venezuela», un área en expansión cerca de Miami. Esta región, habitada por unos 80.000 residentes, está electrificada por la posibilidad de que las demandas legales interpuestas contra el gobierno republicano no prosperen, situación que dejaría a muchos de sus habitantes en un limbo migratorio.

Desde 2014, una masiva diáspora de cerca de 8 millones de venezolanos ha buscado refugio en países vecinos de América Latina y el Caribe. No obstante, tras la pandemia de COVID-19, un número creciente ha optado por desplazarse hacia Estados Unidos. Muchos se aventuran en arriesgados trayectos a pie a través de la selva entre Colombia y Panamá, mientras que otros viajan con autorización humanitaria respaldada por patrocinadores financieros. La cancelación de los programas que brindan status legal en EE.UU. podría complicar aún más el ya difícil camino de estos migrantes, incrementando la presión sobre las comunidades que los acogen y las instituciones en general.

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