En un fallo significativo, una jueza federal en San Francisco, Trina Thompson, bloqueó el intento del gobierno de Donald Trump de finalizar las protecciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua. Estas medidas hubieran afectado a aproximadamente 89,000 personas, mayoritariamente hondureños. La jueza criticó que el gobierno no considerara adecuadamente las condiciones adversas en los países de origen de los migrantes, condiciones que les impedirían regresar de manera segura. Thompson citó declaraciones del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que, según ella, estigmatizaban a los inmigrantes como criminales y cargas para la sociedad. El fallo se produce tras la demanda presentada por la Alianza Nacional del TPS, que argumentó con éxito que las acciones del gobierno estaban impulsadas por prejuicios raciales.
La decisión judicial fue recibida con alivio por los beneficiarios del TPS, quienes enfrentaban la amenaza inminente de deportación y separación familiar. Sandhya Lama, una ciudadana nepalesa y demandante destacada, expresó su agradecimiento por la protección continuada que le permite asegurar su sustento y el de sus hijos en Estados Unidos. Este fallo surge en medio de una ofensiva más amplia del gobierno Trump contra los programas de TPS, la cual ha afectado a cientos de miles de inmigrantes de diversas nacionalidades, incluyendo venezolanos y haitianos. Mientras tanto, la jueza Thompson también rechazó la demanda del gobierno de desestimar el caso, afirmando la importancia de adherirse a los principios legales establecidos por el Congreso para proteger a las poblaciones vulnerables. Emi MacLean, abogada de la ACLU, subrayó la importancia continua de la ley TPS como un pilar de la protección humanitaria durante más de tres décadas.
Leer noticia completa en El Pais.
