Una jueza ha decidido archivar la investigación contra Ana Millán, la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y figura prominente del Partido Popular en la región, por falta de indicios sólidos que apoyen las acusaciones de prevaricación. La causa, que ha sido objeto de escrutinio judicial desde 2016 y que fue impulsada por denuncias del exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, se centraba en la adjudicación de siete contratos públicos a empresas vinculadas a Francisco Roselló, quien había realizado pagos que podrían haber beneficiado a Millán durante su tiempo al frente de la Concejalía de Juventud de la localidad. A pesar de los esfuerzos por establecer una correlación directa entre los pagos y los contratos adjudicados, la jueza Marta Hernández concluyó, respaldada por la UCO de la Guardia Civil, que no se encontraron irregularidades ni vínculos ilícitos atribuibles a Millán.

En su auto, la jueza Hernández subraya que los pagos de más de 51,000 euros recibidos por Millán de Neverlan Eventos, propiedad de Roselló, se derivan de un contrato de alquiler y no constituyen pruebas suficientes de prevaricación o tráfico de influencias. La Fiscalía había solicitado previamente el archivo de la causa tras cambiar su postura durante el proceso. A pesar del archivo de la causa penal, Hernández mencionó que se podrían iniciar acciones civiles si surgieran nuevos elementos. Con este cierre judicial, se pone fin a una larga investigación que llegó incluso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido al aforamiento de Millán, y se suspenden las declaraciones que estaban programadas para el año 2026, incluyendo la citación del esposo de Millán y una extrabajadora del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

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