En 2025, la Electronic Frontier Foundation (EFF) llevó a cabo un informe riguroso sobre Flock Safety, un sistema de lectores automáticos de matrículas (ALPR) que ha suscitado preocupaciones sobre su potencial para la vigilancia masiva y el abuso de derechos civiles. Los hallazgos de la EFF revelan el empleo de esta tecnología para rastrear y vigilar de manera preocupante, desde manifestantes hasta comunidades vulnerables.
La investigación de la EFF documentó cómo las fuerzas del orden han utilizado esta red para rastrear a manifestantes que ejercen su derecho a la libre expresión, efectuar búsquedas discriminatorias contra grupos romaníes y ejercer una vigilancia invasiva sobre mujeres en busca de atención médica reproductiva. En un caso en particular, el estado de Delaware recurrió al sistema de Flock nueve veces para vigilar a activistas de derechos de los animales.
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es el uso de términos discriminatorios por parte de más de 80 agencias de seguridad para realizar búsquedas en la red ALPR. La policía de Grand Prairie, Texas, utilizó términos despectivos contra los romaníes, apuntando injustamente a comunidades enteras sin sospecha de delito alguno.
Otro caso crítico documentado por la EFF expone cómo los agentes del condado de Johnson utilizaron datos recogidos por Flock para involucrarse en un caso de aborto mal clasificado como investigación de personas desaparecidas. Este incidente reveló cómo una simple consulta en el sistema puede acceder a un vasto registro de cámaras en todo el país, planteando serias preocupaciones sobre el escaso control y el potencial de abuso hacia personas buscando servicios médicos.
A pesar de las promesas de Flock de implementar medidas para mejorar la privacidad, la EFF sostiene que el problema radica en el propio modelo de negocio del sistema, el cual facilita una red de vigilancia masiva y conectada a nivel nacional. Las acciones de EFF han llevado a representantes, entre ellos Raja Krishnamoorthi y Robert Garcia, a iniciar investigaciones formales para responsabilizar a Flock por su papel en prácticas de vigilancia invasiva.
Asimismo, la controversia suscitó auditorías estatales y acciones legales, incluyendo una demanda interpuesta junto con la ACLU de California del Norte contra el departamento de policía de San José por uso inconstitucional de registros ALPR sin orden judicial. El compromiso de EFF se mantiene firme al continuar luchando contra estos abusos en 2026, defendiendo los derechos constitucionales amenazados por dicha tecnología.
La infraestructura de vigilancia de Flock Safety pone de manifiesto un sistema que no es una herramienta neutral de seguridad pública, sino un facilitador de prácticas que comprometen derechos fundamentales y libertades civiles. La EFF sigue siendo una voz crucial en la lucha por salvaguardar las libertades de los ciudadanos frente a estas tecnologías intrusivas.
