El Gobierno de José Antonio Kast ha lanzado una ofensiva focalizada en los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos elevados, buscando recuperar una significativa deuda acumulada. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que aproximadamente 1.800 personas, con sueldos superiores a cinco millones de pesos mensuales y cuya deuda colectiva asciende a 20 millones de dólares, serán el primer objetivo de esta campaña. Quiroz ha manifestado que se implementarán medidas como el embargo y el descuento de cuotas directamente del salario para asegurar el pago de estas obligaciones. Desde 2017, el Estado ha mostrado inactividad en el cobro de estas deudas, lo que ha permitido que solo el 40% de los beneficiarios del CAE se pongan al día, mientras el total de la deuda alcanza los cuatro billones de pesos.

El abordaje de Kast se produce en un contexto en el que su administración también busca limitar el acceso a la gratuidad universitaria, excluyendo a ciertos grupos demográficos, lo que representa un potencial ahorro fiscal marginal. El expresidente Gabriel Boric, cuyo mandato no concretó la promesa de condonar la deuda del CAE, había propuesto un proyecto alternativo de financiamiento educativo que Kast ha rechazado. La estrategia actual de cobro es severa y podría desencadenar críticas por parte de la oposición y potenciales manifestaciones, en un país que tiene una historia reciente de movimientos estudiantiles activos. La gestión de Kast asegura que el CAE no debe ser percibido como un derecho absoluto a la condonación, y enfatiza la necesidad de responsabilidad financiera para con el Estado.

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