El gobierno húngaro, bajo la dirección de Viktor Orban, ha aprobado una controvertida reforma legal que ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Esta ley reconoce únicamente dos géneros, masculino y femenino, y establece restricciones significativas para la comunidad LGBTQ+. Entre las medidas más destacadas, se contempla la prohibición a parejas del mismo sexo de adoptar niños, una decisión que limita considerablemente los derechos de estas parejas. Asimismo, la reforma introduce un veto a cualquier manifestación pública que «promueva» la homosexualidad, lo que prohíbe efectivamente los eventos como las marchas del orgullo gay, eventos que han sido símbolos importantes de visibilidad y reivindicación de derechos para las personas LGBTQ+.

La legislación ha sido condenada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y ha generado preocupación en la Unión Europea, destacando lo que muchos consideran un retroceso en materia de derechos civiles y libertades individuales. Críticos de la reforma argumentan que estas medidas refuerzan el ambiente discriminatorio y la estigmatización contra la comunidad homosexual en Hungría, en contravención de los principios de igualdad y no discriminación promovidos por la UE. Por su parte, el gobierno de Orban defiende la ley como una medida necesaria para proteger los valores tradicionales y la estructura familiar del país, en una postura que refleja las tensiones actuales entre soberanía nacional y los derechos humanos universales.

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