La movilización ciudadana en Estados Unidos ha tomado un nuevo impulso, desafiando las expectativas del gobierno del presidente Donald Trump. Las protestas, que se han extendido a lo largo del país, exigen medidas drásticas como el cierre de colegios, oficinas y tiendas para mostrar el descontento social y político. Los manifestantes están pidiendo la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), institución que ha sido foco de críticas debido a sus políticas de detención y deportación de inmigrantes. Además, exigen la liberación inmediata de personas detenidas, incluyendo tanto a inmigrantes como a manifestantes que han sido arrestados durante las protestas.
El movimiento ha crecido en magnitud y se ha mantenido firme, capturando la atención tanto a nivel nacional como internacional. Las demandas reflejan un descontento profundo hacia las políticas migratorias del gobierno actual, así como una crítica más amplia a las medidas represivas contra la disidencia. En distintos puntos del país, las marchas y huelgas han provocado cierres temporales de empresas y escuelas, subrayando el peso del descontento popular. La persistencia de estas manifestaciones plantea un desafío continuo para la administración Trump, resaltando la polarización política y social que caracteriza la situación actual en Estados Unidos.
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