El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abordó este lunes en Bruselas temas de gran relevancia en la política migratoria y de seguridad europea. Durante el consejo de ministros, expresó su malestar por las recientes propuestas que, a su juicio, se desvían del acuerdo alcanzado en diciembre de 2023 respecto al contingente anual de solidaridad, un mecanismo clave para distribuir de manera equitativa las responsabilidades y cargas en materia migratoria en la Unión Europea.
Grande-Marlaska enfatizó que el concepto de contingente de solidaridad no debe convertirse en un mero regateo numérico. “Debe centrarse en identificar las necesidades reales de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor manera posible”, afirmó. Asimismo, señaló que “sin responsabilidad no habrá solidaridad y sin esa solidaridad es imposible mantener el equilibrio que ha sido fundamental para avanzar en una política migratoria común”. En este sentido, el ministro anunció su decisión de abstenerse en la votación del fondo de solidaridad, insistiendo en la importancia de respetar los principios de responsabilidad compartida.
El ministro también manifestó su oposición a la propuesta de reglamento para establecer un acuerdo con terceros países considerados seguros para los solicitantes de protección internacional. Para Grande-Marlaska, dicho reglamento “rompe” con los principios y la integridad del Pacto en cuanto a derechos y obligaciones, antes incluso de que estas propuestas hayan comenzado su implementación efectiva. Considera que la normativa plantea dudas jurídicas profundas sobre el respeto a los derechos fundamentales de los solicitantes, lo cual podría afectar la coherencia y credibilidad del marco legal europeo en esta materia.
En el ámbito del retorno y las políticas de migración, Grande-Marlaska propuso impulsar un “sistema europeo común”, similar al que ya funciona en la protección internacional y la gestión de fronteras. Sin embargo, expresó su preocupación por los centros de retorno, cuya implantación considera con “serias dudas jurídicas, políticas y económicas”. Además, advirtió que estos centros podrían tener un impacto negativo en las relaciones bilaterales con países socios clave en la lucha contra la migración irregular, especialmente aquellos en origen y tránsito.
En el plano de la seguridad, el ministro participó en una reunión con sus homólogos de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia, donde se presentaron las prioridades del nuevo Plan de Acción Multianual 2026-2028 contra el crimen organizado. Este plan, que será aprobado en París en 2026, busca hacer frente a las acciones de las redes criminales internacionales, destacando cinco ejes estratégicos: el desmantelamiento de las organizaciones ilícitas, la seguridad marítima y los centros logísticos resilientes, el ataque a los flujos financieros ilegales, la prevención y el fortalecimiento de la cooperación internacional.
Grande-Marlaska reafirmó la necesidad de una cooperación europea e internacional estrecha para combatir el crimen organizado, recordando operaciones policiales en noviembre relacionadas con esta lucha. Una de ellas, en colaboración con la DEA y Países Bajos, llevó al desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más peligrosas en el ámbito del narcotráfico. La otra operación, en coordinación con EE. UU. y Ecuador, resultó en la detención del narcotraficante más buscado de Ecuador, reforzando así el compromiso de España con la seguridad y la protección de las democracias en la región.
Fuente: Ministerio del Interior
