El Gobierno ha empezado a tramitar una partida récord de 970 millones de euros para la financiación de la dependencia en las comunidades autónomas. La propuesta, del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy, pasa esta semana por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios antes de llegar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Esta partida recupera un nivel de financiación que se había eliminado en 2012. Desde que el Gobierno la reintrodujo en 2021 con 306,9 millones de euros, la cifra no ha dejado de subir hasta llegar ahora a los 970 millones.
A esto se suma que el nivel mínimo de financiación se duplicó con un real decreto-ley aprobado el 23 de junio. Sumando ambos incrementos, entre 2026 y 2027 las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros más del Estado, lo que supone un cambio de calado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El Gobierno se ha comprometido a asumir el 50% de la financiación global del sistema de dependencia. Esa meta se cumplirá en 2027, cuando la transferencia total alcance los 7.239,4 millones de euros, el doble de lo que se destinó en 2025.
Con este dinero, las comunidades autónomas podrán reducir listas de espera, mejorar las condiciones laborales del sector de atención a la dependencia y ampliar servicios como los nuevos modelos de convivencia, los productos de apoyo para la autonomía personal o la teleasistencia personalizada.
En paralelo, el Congreso de los Diputados tramita ya cambios legales en dependencia y discapacidad que forman parte de la reforma más amplia del SAAD.
970 millones de euros, la cifra más alta desde que se recuperó esta financiación en 2021.
Pasa por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios antes de ir al Consejo de Ministros.
6.200 millones de euros más que en periodos anteriores, sumando el nivel acordado y el nivel mínimo.
El 50% de la financiación global del sistema de dependencia, objetivo que se cumplirá en 2027.
En reducir listas de espera, mejorar las condiciones laborales del sector y ampliar servicios como la teleasistencia y los nuevos modelos de convivencia.
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Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
