
Este miércoles, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a dos importantes reformas legislativas propuestas por el Ministerio de Derechos Sociales. La primera, el Real Decreto-ley 35/2026, aborda el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, mientras que la segunda, el Real Decreto-ley 36/2026, se enfoca en la financiación y reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, marcando un hito en inversión económica.
Sobre el primer decreto, se ha establecido un título oficial que otorga estatuto jurídico a las familias monoparentales, un impulso esencial para hogares liderados principalmente por mujeres, que representan más del 80% de estas familias en España. Este reconocimiento busca impulsar la protección social y económica, asegurando que las políticas públicas se adapten a sus necesidades. Entre las medidas destacadas figuran la adaptación de prestaciones familiares, el acceso a planes de empleo y formación, y becas educativas con tratamiento preferente. También se introducen bonificaciones en transporte y servicios culturales, respondiendo a la realidad económica de estas familias.
Ampliando el ámbito de protección, el decreto extiende los beneficios de las familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos y aquellas con un progenitor discapacitado. Además, redefine la categoría especial de familias numerosas, incluyendo a partir del cuarto hijo y ajustando los ingresos máximos para familias con tres hijos.
En paralelo, se han fortalecido los mecanismos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, ampliando su cobertura a mayores con discapacidades severas y mejorando los procesos de urgencia para garantizar una respuesta expedita, especialmente en casos de violencia de género.
El segundo decreto, enfocado en dependencia, establece una inversión récord de 7.240 millones de euros para 2027, un incremento del 124% respecto a 2023. Esta cifra asegura que la financiación estatal cubra el 50% del total del sistema, en cumplimiento con el Acuerdo de Gobierno de coalición. La normativa se modifica para mejorar servicios vitales como la teleasistencia, que será accesible 24/7 para todos los grados de dependencia, y el servicio de ayuda a domicilio, ampliamente definido para incluir apoyo comunitario.
Este avance legislativo subraya el compromiso gubernamental en reforzar el tejido social y brindar un soporte robusto a los sectores más vulnerables, estableciendo un marco de equidad e inclusión que responde a las demandas contemporáneas de la sociedad española.
Fuente: Ministerio de Consumo
