El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha expresado su preocupación por el retraso del Ministerio de Derechos Sociales en la aprobación del Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, una normativa pendiente desde 2022. A través de un comunicado, el Cermi ha instado al Gobierno a «culminar sin más demora» el proceso para que esta regulación, que es crucial para las personas con dificultades de comprensión y comunicación, entre en vigor. Desde la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que estableció un mandato de tres años para la promulgación del reglamento, el plazo se ha agotado sin que se haya adoptado la norma, lo que, según el Cermi, vulnera los derechos de un colectivo que necesita esta regulación.

La normativa en cuestión está diseñada para garantizar el acceso a un entorno físico, transporte, información y comunicación de manera inclusiva, beneficiando tanto a áreas urbanas como rurales. El Cermi enfatiza la importancia de que el Ministerio de Derechos Sociales acelere los trámites restantes, dado el impacto que la falta de esta regulación tiene sobre el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. La entidad ha advertido sobre el incumplimiento del plazo legal, lo que podría agravar las dificultades que enfrenta este colectivo en su vida cotidiana.

Leer noticia completa en 20minutos.