El Consejo de Ministros ha impulsado una medida de gran trascendencia social al aprobar un real decreto que prohíbe los espectáculos taurinos que atenten contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, especialmente aquellos que ridiculizan a individuos con enanismo. Esta decisión refuerza las restricciones ya establecidas por la Ley General de la Discapacidad y promete sanciones severas para quienes las infrinjan, con multas que podrían alcanzar hasta un millón de euros.
Este nuevo decreto introduce un importante cambio en el Reglamento de Espectáculos Taurinos mediante un añadido al artículo 90, estableciendo que estos espectáculos deben respetar la dignidad humana, sin permitir la mofa o denigración pública, especialmente hacia minorías sociales como las personas con discapacidad. Las autoridades gubernamentales, por tanto, estarán obligadas a negar la autorización a cualquier evento que no cumpla con estos requisitos.
Además de reforzar la legislación en contra de estos espectáculos denigrantes, el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha un programa de reinserción laboral bajo el nombre ‘Pisadas con dignidad’. Este proyecto, lanzado en colaboración con la Fundación ONCE, busca proporcionar alternativas laborales dignas para aquellos individuos con discapacidad que han sido empleados en estos contextos degradantes.
En paralelo, se ha creado la UTAC (Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación), una nueva entidad encargada de asesorar y asegurar el cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad. Este organismo se encargará de coordinar las acciones de las administraciones regionales, asegurando la correcta implementación de las normativas de accesibilidad a nivel comunitario, destacándose como un instrumento crucial para la inclusión y la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.
Este avance normativo es parte de la implementación de la Directiva (UE) 2019/882 sobre accesibilidad de productos y servicios, posicionando a España como un referente en la Unión Europea por su enfoque inclusivo y por adoptar la directiva al máximo nivel legislativo. Además, en el marco de este esfuerzo por mejorar la inclusión, el Gobierno ha presentado un informe evaluando el impacto de las medidas tomadas en los últimos dos años tras la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que promueve derechos y dignidad para las personas con discapacidad.
El informe refleja acciones significativas como el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la prohibición de despidos automáticos por incapacidad laboral permanente y una importante inversión en educación inclusiva y atención temprana. Estas medidas subrayan el compromiso del Gobierno con la inclusión, autonomía y accesibilidad universal, eliminando barreras y garantizando derechos para las personas con discapacidad en España.
Fuente: Ministerio de Consumo
