La causa judicial contra el alcalde no ha sido archivada debido a un convenio urbanístico, como él afirmó en su reciente rueda de prensa, sino porque algunas de las declaraciones necesarias para el caso no se realizaron dentro del plazo establecido. Esta nueva información contradice la versión oficial presentada por el alcalde, quien había asegurado que el archivo del caso estaba relacionado con su gestión urbanística. La situación ha generado un debate sobre la transparencia del proceso judicial y las verdaderas razones detrás de la decisión de no continuar con las diligencias legales.

Las tres declaraciones que eran cruciales para la investigación no se efectuaron a tiempo, lo que impidió que el caso continuara como se había previsto inicialmente. Esta falta de cumplimiento con los plazos procesales destaca problemas en la gestión del caso por parte de las autoridades judiciales. Mientras tanto, la comunidad observa con atención, preocupada por el impacto que estas inconsistencias procesales puedan tener en la confianza pública hacia la administración local y el sistema judicial.

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