Desde el 1 de abril, España ha implementado el Real Decreto-ley 11/2024, introduciendo significativas modificaciones en el sistema de jubilación para favorecer la compatibilidad entre pensión y trabajo. Esta reforma se centra en ofrecer un marco más flexible y sostenible, beneficiando tanto a los trabajadores como a las empresas.
Entre las novedades se destaca el fomento de la jubilación demorada, ofreciendo un incremento del 2% en la pensión por cada periodo de demora superior a seis meses, a partir del segundo año. Asimismo, se flexibiliza la jubilación activa eliminando el requisito de carrera completa y estableciendo una escala de compatibilidad entre la pensión y la actividad laboral.
La jubilación parcial también ha sido reforzada, permitiendo el acceso hasta tres años antes de la edad ordinaria y requiriendo la formalización de un contrato de relevo indefinido. Además, se reconocen coeficientes reductores para trabajos penosos, permitiendo el acceso anticipado a la jubilación.
El Gobierno ha prometido revisar la jubilación flexible en un plazo de seis meses para mejorar la percepción de la pensión en esta modalidad. Estas reformas refuerzan un sistema más inclusivo y adaptado a las necesidades actuales, apoyando la empleabilidad sénior y gestionando eficazmente el talento intergeneracional.
