El Consell ha manifestado su intención de extender la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá del 2030, fecha límite estipulada por el plan estatal. Cofrentes, que provee el 45% de la energía consumida en la Comunitat Valenciana, enfrenta la imposibilidad de ser reemplazada en el corto plazo por fuentes renovables suficientes. Esta situación augura un aumento en el costo energético para empresas y particulares, pues no existen alternativas viables a la vuelta de la esquina. La propuesta ha suscitado controversia, siendo calificada por la oposición como una maniobra para desviar la atención de polémicas políticas recientes, advirtiendo además sobre el riesgo de incidentes al estilo Fukushima si la planta continúa operando.
La polémica refleja una creciente polarización en el escenario político valenciano, donde las posturas parecen cada vez más extremas y menos propensas al diálogo. Mientras el Consell defiende la extensión de la operativa de Cofrentes como una necesidad frente a la falta de alternativas, la oposición es crítica, señalando el riesgo potencial y usando términos como «cortina de humo» para describirla. Esta situación es paralela a otros debates candentes como inmigración y acceso a la vivienda, donde las posiciones se presentan radicalmente opuestas, dificultando la posibilidad de consenso. La tendencia se ha vuelto una confrontación de «o lo mío o el caos», donde el diálogo y la construcción de consensos han quedado relegados, acentuando la división política en temas que requieren de soluciones conjuntas y matizadas.
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