Cuando un despacho internacional decide pagar una página entera en el Financial Times para denunciar cómo funciona el sistema fiscal de un país, algo serio está pasando. Eso es exactamente lo que ha hecho Amsterdam & Partners, bufete con sede en Londres y Washington, que ha señalado a España por un modelo de inspección tributaria que presenta, a su juicio, incentivos perversos y barreras injustas de acceso a la justicia.
Bajo dos grandes titulares —“Gana. Gana.” frente a “Pierde. Pierde.”— el anuncio retrata un sistema en el que la Agencia Tributaria tiene casi todo que ganar y el contribuyente casi todo que perder. Más que una campaña publicitaria, el mensaje funciona como un diagnóstico incómodo sobre cómo se recauda y cómo se litiga contra Hacienda en nuestro país.
El primer dardo va directo al corazón del modelo de inspección. Según denuncia Amsterdam & Partners, en España los inspectores de Hacienda cobran primas vinculadas al dinero que consiguen de los contribuyentes. No a la calidad técnica de sus liquidaciones, ni a la estabilidad jurídica de sus decisiones, sino a la recaudación obtenida.
Lo realmente grave es que esas primas se mantienen incluso cuando, años después, los tribunales anulan las liquidaciones por ser injustificadas o contrarias a derecho. Es decir, aunque la actuación se declare improcedente, el incentivo económico no se corrige.
En otras economías avanzadas de la OCDE se procura precisamente lo contrario: desvincular la remuneración del recaudador de los importes obtenidos para evitar conflictos de interés. España, en cambio, ha consolidado un esquema en el que la presión recaudatoria se recompensa económicamente, abriendo la puerta a actuaciones más agresivas de lo razonable.
En la práctica, el mensaje que el sistema lanza al funcionario es claro: cuanto más liquides, mejor para ti. Que luego los tribunales rectifiquen ya es problema del contribuyente… y del erario público.
El segundo elemento que destaca la campaña es la obligación de pagar antes de poder recurrir. En la mayoría de los casos, si un contribuyente quiere impugnar una liquidación, primero debe hacer frente al importe reclamado —a menudo muy elevado— y solo después puede iniciar la batalla administrativa y judicial.
Este esquema convierte el derecho a la tutela judicial efectiva en un privilegio para quien puede soportar el golpe de tesorería inicial. Quien no tiene liquidez suficiente se enfrenta a embargos de cuentas, trabas sobre bienes, bloqueos operativos en su empresa y un aumento progresivo de la deuda por intereses y recargos. Para muchos, la alternativa real no es “reclamar o no”, sino “sobrevivir o hundirse”.
Incluso quienes consiguen pagar se ven atrapados en procedimientos largos y complejos que pueden alargarse una década. Durante todo ese tiempo, el contribuyente financia de facto a la Administración, asumiendo costes legales y una enorme incertidumbre, para intentar recuperar un dinero que, en un porcentaje nada despreciable de casos, nunca debió salir de sus cuentas.
Uno de los datos más llamativos del anuncio es que más de la mitad de los recursos contra Hacienda acaban dando la razón al contribuyente. Sobre el papel, podría parecer una buena noticia: los tribunales funcionan y corrigen los excesos administrativos.
Pero leído en conjunto con el resto del diagnóstico, el dato resulta demoledor. Si más del 50% de las liquidaciones que llegan a los tribunales se revocan o corrigen de forma sustancial, significa que el sistema está emitiendo, de forma masiva, actos que no soportan un control judicial riguroso.
Esto no es un fallo puntual; es una forma de funcionamiento. La estructura de incentivos —bonos ligados a recaudación, ausencia de consecuencias cuando se pierde— se combina con procedimientos “bizantinos”, en palabras del propio anuncio, que obligan al ciudadano a recorrer un laberinto burocrático y judicial para que se reconozca lo que, en muchos casos, era evidente desde el inicio.
El resultado es un modelo en el que a la Administración le sale rentable “probar suerte” con liquidaciones agresivas, porque sabe que muchos contribuyentes no tendrán fuerza financiera ni emocional para llegar hasta el final del proceso.
Quizá lo más incómodo de este episodio no sea el contenido del anuncio, sino el lugar donde se ha publicado. El Financial Times es uno de los diarios económicos más influyentes del mundo, leído por inversores institucionales, directivos y reguladores de todo el planeta.
Que un despacho internacional utilice ese escaparate para denunciar el sistema fiscal español no solo impacta en términos de reputación exterior —España como destino para invertir o hacer negocios—, sino que revela algo más profundo: dentro del país, estas prácticas se han normalizado hasta el punto de que ha hecho falta una campaña externa para que muchos se detengan a mirarlas con atención.
La vergüenza, como sugiere el propio texto, no debería venir tanto de lo que puedan pensar fuera, sino de que los propios ciudadanos y empresas españolas hayamos aceptado durante años un esquema que combina incentivos perversos, enorme litigiosidad y barreras económicas de acceso a la justicia.
La página en el Financial Times no deroga leyes ni cambia de un día para otro la forma de trabajar de la Agencia Tributaria. Pero sí abre un debate público que ya no puede ignorarse:
El anuncio de Amsterdam & Partners actúa como un espejo incómodo. Lo que muestre ese espejo no se resuelve con campañas de imagen ni con matices técnicos, sino con una reforma profunda que alinee los incentivos de la inspección fiscal con lo que debería ser su verdadero objetivo: recaudar sí, pero siempre dentro de los límites que marca la ley y con pleno respeto al derecho de defensa de los contribuyentes.
Mientras eso no ocurra, la sensación seguirá siendo la que resume a la perfección aquel titular a doble página: para Hacienda, “Gana-Gana”; para el ciudadano, “Pierde-Pierde”.
Fuente: Noticias Portal Financiero
