La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes un paquete de rebajas fiscales dirigido a las personas menores de 40 años que compren su residencia habitual en la región, en un contexto marcado por las persistentes tensiones en el mercado inmobiliario madrileño y las recientes protestas en varias ciudades españolas por el encarecimiento de la vivienda.
Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso detalló que su gobierno planea incluir estas medidas en los Presupuestos de 2027, aunque su implementación aún está sujeta a la aprobación parlamentaria. La propuesta principal consiste en reducir significativamente dos impuestos clave en las transacciones inmobiliarias: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).
La primera de las medidas reducirá del 6% al 4% el ITP en la compra de inmuebles de segunda mano por valores de hasta 450.000 euros, beneficiando aproximadamente a 40.000 personas y con un ahorro estimado de 114 millones de euros anuales para la región. Por ejemplo, en una operación de 300.000 euros, este tributo pasará de 18.000 euros a 12.000, permitiendo un alivio de 6.000 euros en el bolsillo del comprador. La condición es que el inmueble sea destinado a residencia habitual y que su valor no supere el límite establecido.
Por su parte, el segundo cambio implica una reducción del AJD para la compra de viviendas nuevas, que pasará del 0,75% al 0,40%. Se calcula que esta rebaja generará un ahorro de aproximadamente 2,1 millones de euros al año para unos 4.200 jóvenes madrileños. En conjunto, estas iniciativas aspiran a facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes y a mitigar las tensiones derivadas del incremento en los precios de compra, que en el segundo trimestre de 2026 incrementaron en un 12,2% interanual según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de los inmuebles usados, el aumento fue del 12,9%.
El anuncio llega después de las numerosas manifestaciones que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Madrid y otras ciudades, en protesta por el aumento en los costes de adquisición, alquiler y desahucios. La Comunidad de Madrid estima que las rebajas fiscales beneficiarán a unas 40.000 personas, con una reducción media de aproximadamente 2.850 euros en el pago de impuestos en operaciones de hasta 450.000 euros.
Sin embargo, las medidas no afectan a los inquilinos ni cubren otros gastos asociados a la compra, como la tasación, la notaría o los costes de formalización de la hipoteca. Además, no modifican el precio final de los inmuebles, que en la actualidad continúa en alza: el INE reportó un incremento del 12,2% en el precio de la vivienda en España en el segundo trimestre, con un aumento del 12,9% en los inmuebles usados.
La propuesta de Ayuso representa un intento de contrarrestar las dificultades de acceso a la vivienda en Madrid, en medio de un escenario político donde las reformas y las políticas gubernamentales en materia de vivienda siguen enfrentando resistencia y obstáculos en el Congreso. De hecho, el viernes pasado, la Cámara rechazó varias iniciativas del Gobierno central relacionadas con la regulación del mercado inmobiliario, incluyendo una ayuda destinada a facilitar la entrada para los jóvenes mediante préstamos a interés cero.
Por ahora, las rebajas fiscales madrileñas están en fase de tramitación y dependerán de la aprobación definitiva en las Cortes regionales. La presidenta ha asegurado que esta estrategia busca equiparar el trato fiscal que ya disfrutan las familias numerosas, en una región donde, a pesar de los esfuerzos, el desafío de acceder a una vivienda digna persiste, alimentado por un mercado caracterizado por su alta competitividad y alta demanda.
