Un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reafirma la validez del despido disciplinario de un empleado de ventas por incumplimientos reiterados y desobediencia. La resolución cierra la puerta a la apelación del trabajador, corroborando que la conducta asumida fue suficiente para justificar la extinción del contrato, incluso en un escenario donde el profesional ganaba un salario bruto anual de 60.000 euros y tenía metas crecientes de facturación.

El caso se centró en un empleado con un contrato indefinido que, en sus 18 meses en la empresa, logró facturar aproximadamente 91.519 euros, principalmente con clientes ya existentes antes de su incorporación, y no tanto en nuevas oportunidades comerciales. La compañía argumentó que, pese a sus objetivos y a la remuneración elevada, el trabajador no cumplía las obligaciones de informar con claridad sobre su actividad y horarios fuera de la oficina, a pesar de recibir instrucciones explícitas por email. En varias ocasiones, se le instó a detallar sus jornadas y actividades, pero su respuesta fue insuficiente y, en ciertos casos, nula justo cuando la empresa detectó irregularidades.

El caso fue llevado aún más lejos cuando la firma contrató a un detective para verificar la actividad del empleado durante cinco días hábiles. El informe reveló que, en ese período, el empleado permaneció en su domicilio y no utilizó el vehículo de la empresa, comportamiento que contradecía claramente sus declaraciones sobre la realización de actividades externas. Además, los registros y los reportes enviados por el trabajador mostraron cifras imprecisas y parciales, incluso después de reiterados recordatorios para mejorar su rendición de cuentas.

A pesar de alegar que ciertas ausencias y la falta de detalles en sus informes respondían a permisos por cuestiones de salud y baja médica causada por hipertensión, el tribunal consideró que estos factores no estaban relacionados con motivos discriminatorios, sino que formaban parte de incumplimientos contractuales previos. La sentencia subrayó que la productividad alcanzada por el empleado quedó muy por debajo de los objetivos establecidos, justificando así la decisión de despedirlo por causas objetivas.

El fallo también puntualizó que la conducta del trabajador representó una grave transgresión de la buena fe contractual, evidenciada en la desobediencia reiterada y en la falta de diligencia en el cumplimiento de sus tareas. El comportamiento y la falta de control efectivo por parte del empleado fueron considerados elementos decisivos para validar el despido, que se dictó sin derecho a indemnización ni salarios caídos, dado que la causa fue calificada como una falta grave y voluntaria.

Este caso ilustra cómo, en ciertos contextos laborales, el incumplimiento de las obligaciones y la desobediencia reiterada pueden justificar judicialmente un despido, incluso en escenarios donde la remuneración y los objetivos parecen ser considerados elevados. La actitud del trabajador fue vista como alejada de la ética y la responsabilidad exigidas, lo que llevó a la justicia a validar la decisión de la empresa, reafirmando la importancia de la documentación y el control en las relaciones laborales.