El 16 de noviembre de 2024, un incidente en una gasolinera de Asturias desplegó un caso que va más allá de un simple error en el abastecimiento de combustible. Todo comenzó cuando un empleado llenó el depósito de un vehículo con gasolina equivocada, una situación que lo llevó a buscar ayuda fuera de su horario habitual de trabajo. En un acto de solidaridad y compromiso, llamó a un compañero en su día de descanso, quien acudió rápidamente a la estación para organizar la remoción del combustible y asistir al cliente, incluso llevándolo a su casa, dado que la reparación del vehículo requeriría varias horas.
Este esfuerzo extra, sin embargo, le costó muy caro al empleado. Tras finalizado el episodio, solicitó a la empresa que le pagaran las horas adicionales que había trabajado en la resolución del problema. La respuesta oficial fue que no le correspondían esas horas, bajo el argumento de que las horas extra eran responsabilidad del encargado y, además, que no estaban autorizadas para ser remuneradas. La situación causó indignación en el trabajador, quien, en un mensaje de WhatsApp, expresó su malestar y afirmó que, en sus diez años en la empresa, rarely había reclamado horas extras a pesar de frecuentemente hacer horas de más y poner dinero de su bolsillo para mantener la estación en funcionamiento.
La tensión creció cuando, días después, recibió una carta de despido disciplinario en la que se le imputaron faltas severas, incluyendo desobediencia, fraude y deslealtad. La justificación oficial fue que su conducta había comprometido la confianza y la disciplina de la empresa, acusaciones que el empleado negó rotundamente. Él decidió llevar su caso a los tribunales, y en esta instancia, la justicia le ha dado la razón.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado que el despido fue improcedente, declarando su nulidad y ordenando su reincorporación al puesto de trabajo. La sentencia destaca que las pruebas presentadas no demostraron que el trabajador hubiera incumplido las normas de manera suficiente para justificar una salida disciplinaria. Más importante aún, señala que las reclamaciones del empleado, tanto por canales internos como por comunicación escrita, fueron un factor determinante en la reacción de la empresa, y que la rápida respuesta con un despido en menos de dos semanas constituye un claro indicio de represalia.
El fallo también reafirma las protecciones legales existentes, en particular la garantía de indemnidad que protege a los empleados frente a acciones de represalia en respuesta a reclamaciones o denuncias internas. La protección se activa desde que la persona inicia un reclamo, aunque no llegue a judicializarlo. La sentencia cita criterios recientes del Tribunal Supremo español y resalta que el simple hecho de presentar reclamaciones internas puede activar esta protección, haciendo que despidos en represalia sean considerados nulos y, por tanto, sujetos a las mismas consecuencias legales que en casos de despido improcedente.
Finalmente, se establece que el trabajador deberá ser reincorporado a su puesto y recibir una indemnización de 7.501 euros, además de los salarios atrasados. La resolución judicial subraya que la justicia busca proteger a los empleados frente a prácticas laborales injustas, promoviendo un entorno de trabajo donde las quejas y reclamos sean considerados como un derecho y no como una causa para castigos o represalias.
