La tensión entre el Ministerio de Justicia español y las asociaciones judiciales y fiscales sigue en aumento tras la reciente huelga convocada en protesta contra las reformas legales del Gobierno. Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, solicitó a estas asociaciones un listado de los jueces y fiscales que participaron en los paros, con el fin de descontarles la parte proporcional del sueldo. El ministerio, encabezado por Félix Bolaños, reportó que únicamente 29 personas (un juez y 28 fiscales) informaron oficialmente su participación, lo que ha generado un cruce de comunicados y acusaciones mutuas de responsabilidad entre el Gobierno y las asociaciones.

Las autoridades destacaron que carecen de mecanismos para verificar autónomamente los participantes en la huelga, responsabilidad que atribuyen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado, los cuales no han proporcionado un listado debido a la falta de soporte normativo del paro. Las asociaciones, por su parte, insisten en que el seguimiento de la huelga fue un «éxito rotundo» con un 70% de participación, mientras que el Ministerio rebajó estas cifras a un 31% promedio. Las discrepancias han evidenciado, una vez más, los desafíos en la coordinación entre los diferentes organismos judiciales y el Ejecutivo en un contexto de crecientes tensiones.

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