En declaraciones recientes, el ex diputado de Podemos aseguró que la probabilidad de que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad es significativamente mayor que la de una persona migrante. Estas afirmaciones subrayan la necesidad de abordar la cuestión de los abusos sexuales dentro de instituciones religiosas con una mayor severidad y transparencia, al tiempo que desafían la narrativa común que estigmatiza a los migrantes como propensos a la delincuencia.

Los comentarios del ex legislador se enmarcan en un contexto donde el escrutinio sobre la conducta de miembros de la Iglesia Católica ha aumentado, mientras que los migrantes a menudo enfrentan prejuicios y estereotipos negativos. Esta declaración abre el debate sobre las políticas de protección a menores y cuestiona las prioridades y recursos actuales dedicados a vigilar y prevenir crímenes en diferentes sectores de la sociedad.

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