El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto ley que mantiene el descuento de 15 céntimos por litro en los carburantes durante julio y establece su retirada progresiva hasta eliminarlo en octubre. La medida, aprobada en Consejo de Ministros, forma parte de un paquete de ayudas energéticas que el Ejecutivo había puesto en marcha para contener el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía.
La bonificación se aplica a través del impuesto especial de hidrocarburos y se reducirá en tres fases:
El decreto tendrá una vigencia de tres meses y supondrá un coste de 1.825 millones de euros para 2026. A eso se suman otros 2.700 millones en años siguientes, vinculados a la reducción gradual del impuesto sobre la producción eléctrica.
El decreto también reduce de forma progresiva el impuesto sobre la producción de energía eléctrica. El tipo actual del 7 % bajará en los próximos trimestres hasta situarse en torno al 5 %, y continuará reduciéndose: en 2027 quedará en el 3,5 % y se eliminará definitivamente en 2028. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la medida señalando que los precios energéticos “seguirán por encima de los niveles previos a la guerra durante un tiempo”.
El decreto incluye además 165 millones de euros en ayudas a fertilizantes para el sector agrícola, que se añaden a los 500 millones ya existentes. Para el transporte, la bonificación en carburante tiene un efecto directo sobre los costes de flotas, empresa de reparto y transporte de mercancías. En una ciudad como Madrid, donde el transporte público sigue siendo la alternativa más eficiente, avances como el nuevo sistema de pago móvil en Metro y autobús previsto para 2027 van en la dirección de reducir la dependencia del vehículo privado.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comenzará a monitorizar los márgenes brutos de las estaciones de servicio para detectar subidas injustificadas y ofrecer a los consumidores mecanismos de reclamación. El decreto prohíbe también el despido en empresas que se beneficien de las ayudas durante el periodo de vigencia, en línea con las condiciones habituales de este tipo de apoyo público. Este tipo de medidas de control económico se enmarcan en un debate más amplio sobre la fiscalidad en España, que también afecta a la vivienda: la reforma fiscal de la vivienda es otro frente en el que los ciudadanos reclaman cambios.
El Gobierno ha añadido que, si los precios vuelven a subir por nuevos episodios de tensión internacional, se activarán ayudas adicionales, que podrían llegar hasta los 20 céntimos por litro.
Solo en julio se mantiene el descuento íntegro de 15 céntimos por litro. En agosto baja a 10 y en septiembre a 5. En octubre desaparecerá por completo, salvo nueva escalada del conflicto.
El decreto supone 1.825 millones de euros para 2026 y otros 2.700 millones en años siguientes por la reducción del impuesto sobre la producción eléctrica.
El Gobierno ha anunciado que activará mecanismos adicionales, que podrían llegar a 20 céntimos de bonificación por litro si la situación energética se agudiza.
Monitorizará los márgenes brutos de las estaciones de servicio para detectar subidas de precio injustificadas y dar herramientas a los consumidores para reclamar.
Fuente: Infobae España
