El Consejo de Ministros ha anunciado la aprobación del proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, un paso fundamental para reforzar la seguridad y la estabilidad de instituciones y empresas que, tanto en España como en la Unión Europea, prestan servicios esenciales en sectores estratégicos. La iniciativa, a propuesta del Ministerio del Interior, busca adaptar el marco nacional a la más reciente directiva europea sobre protección de infraestructuras críticas, con el fin de garantizar la continuidad de funciones sociales y actividades económicas vitales ante amenazas o incidentes.
El texto, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación, establece un conjunto de medidas destinadas a la identificación y protección de dichas entidades, tanto públicas como privadas. Entre las novedades más relevantes, se incluye la incorporación de nuevos sectores a un catálogo tradicionalmente centrado en energía, salud, transporte, agua, administración pública, producción y distribución de alimentos o energía nuclear. Desde ahora, también serán considerados críticos ámbitos como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada, instalaciones de investigación y las aguas residuales, entre otros.
Según el proyecto, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior tendrá la responsabilidad de elaborar, mantener y actualizar un catálogo de entidades consideradas estratégicas, siguiendo los criterios fijados en una Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia, que aprobará el Consejo de Seguridad Nacional, y en una Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos. Estos instrumentos constituirán la base para determinar cuáles organizaciones deben implantar medidas específicas de protección.
Por ejemplo, las entidades identificadas deberán elaborar un plan de resiliencia propio, que contemple acciones de protección física, respuesta ante incidentes y estrategias de mitigación. Además, deberán designar un responsable de seguridad y resiliencia, que actúe como enlace con las autoridades administrativas y de seguridad, así como establecer protocolos claros de notificación en caso de incidentes que puedan afectar el suministro de servicios esenciales.
El proyecto también regula la estructura institucional que supervisará y coordinará las acciones en materia de protección de infraestructuras críticas. La Secretaría de Estado de Seguridad será la autoridad central, con el Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CNPREC) cumpliendo un papel clave como punto de contacto único para la cooperación internacional y transfronteriza, especialmente con otros Estados miembros de la UE. La propuesta pretende que los mecanismos y medidas aplicadas sean homogéneos en toda la Unión Europea, especialmente en aquellos casos en los que las entidades prestan servicios en seis o más países de la UE, reforzando así la colaboración y la respuesta conjunta ante amenazas comunes.
El esquema normativo mantiene los planes y procedimientos existentes, como el Plan Nacional de Protección y Resiliencia, los planes sectoriales y los planes operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La creación de la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, en tanto órgano colegiado dependiente de la Secretaría de Estado, permitirá agilizar la aprobación de los planes estratégicos sectoriales y facilitar la identificación de entidades críticas.
En su ámbito de aplicación, la ley tendrá vigencia en todo el territorio nacional, excluyendo aquellas instituciones reguladas por normativas específicas de sectores como el bancario, financiero, digital o dependientes del Ministerio de Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco afectará a las policías autonómicas con competencias en seguridad ciudadana, que mantienen sus propias normativas.
Por último, la normativa europea en materia de ciberseguridad, recogida en diferentes directivas, sigue siendo asunto aparte. El Ministerio del Interior tramita actualmente la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que traspondrá en España las directrices europeas en esta área. El esfuerzo conjunto de regulación y coordinación busca garantizar en toda la Unión un nivel homogéneo de protección, esencial en un escenario cada vez más interconectado y digitalizado.
En definitiva, esta iniciativa legislativa se enmarca en la estrategia de fortalecer la resiliencia del país ante amenazas internas y externas, garantizando que las infraestructuras críticas puedan seguir operando ante cualquier incidencia y reforzando la seguridad de los servicios esenciales que sustentan la vida cotidiana y la economía nacional.
Fuente: Ministerio del Interior
