España se acerca a un período crucial para asegurar la sostenibilidad de sus finanzas públicas, según las últimas previsiones de BBVA Research. El análisis indica que entre 2026 y 2027, el país debe afrontar la tarea de cumplir con las reglas fiscales europeas para evitar un deterioro significativo en sus cuentas públicas.
De acuerdo con el informe, si se implementan las medidas de ajuste necesarias, el déficit público podría reducirse hasta el 2,1% del PIB en 2026 y al 1,7% en 2027. Sin embargo, esta previsión depende en gran medida de la adopción de nuevas políticas de contención del gasto. La reducción del déficit en 2025, que situó la cifra en torno al 2%, se atribuye a una recuperación cíclica de los ingresos tributarios, retorno a niveles normales de los tipos impositivos tras rebajas y menor impacto de factores extraordinarios.
El escenario actual se basa en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que incluye decisiones como la revalorización de pensiones y compromisos adquiridos en áreas como defensa y tecnología. Sin embargo, el margen para ajustar el gasto es limitado, evidenciado por la necesidad de definir nuevas medidas que contengan el gasto público, en particular ante el incremento de partidas relacionadas con las pensiones, la defensa y los intereses de la deuda.
Uno de los desafíos primordiales será mantener un equilibrio fiscal a largo plazo. La previsión apunta a que, con los ajustes adecuados, el saldo primario ajustado podría acercarse al equilibrio para finales de 2027. En caso contrario, las finanzas públicas podrían experimentar una caída en su sostenibilidad, con un deterioro del saldo que podría llegar a -0,8% del PIB, más alejado de los objetivos deseados.
Por otro lado, la deuda pública, que en la actualidad representa aproximadamente el 96,6% del PIB, seguirá en una tendencia descendente bajo las condiciones previstas, siempre que se mantenga la disciplina fiscal. Sin embargo, la vulnerabilidad ante posibles revisiones en el crecimiento económico o un endurecimiento de las condiciones de financiamiento es evidente, ya que la diferencia entre el crecimiento del PIB y el coste de la deuda puede dilatar la reducción del endeudamiento.
A nivel estructural, la problemática se agrava por la tendencia a un gasto cada vez más rígido, alimentado por el envejecimiento poblacional. Se estima que los costes relacionados con pensiones, sanidad y cuidados podrían aumentar en hasta cinco puntos porcentuales del PIB para 2070, dificultando aún más la consolidación fiscal.
Las obligaciones internacionales también demandan un mayor esfuerzo presupuestario, especialmente en áreas como defensa, en línea con los compromisos asumidos en la Unión Europea y la OTAN. Además, la gestión de las finanzas autonómicas y posibles desviaciones fiscales regionales añaden complejidad al panorama, mientras que la fragmentación política dificulta la aprobación de medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos.
Expertos señalan que, para sostener la recuperación económica, será imprescindible fomentar la inversión en infraestructuras verdes, digitalización y educación, además de garantizar una gestión eficiente del gasto público. La cohesión política y la capacidad de dialogar en el Parlamento se convierten en factores clave para que España pueda cumplir con sus objetivos fiscales y aprovechar de manera adecuada los fondos europeos que tiene asignados. Sin un esfuerzo conjunto, existe el riesgo de que los desequilibrios fiscales se agraven, poniendo en jaque la estabilidad económica del país en los años por venir.
