La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras una operación militar ejecutada por Estados Unidos, ha desencadenado una crisis de incertidumbre en la nación sudamericana, donde se cuestionan las implicaciones legales y constitucionales de este suceso. La Constitución venezolana establece que las causas de «falta absoluta» de un presidente incluyen la muerte, renuncia y destitución, pero no considera un escenario de detención al margen de procesos judiciales claros. Este vacío legal es objeto de debate, especialmente en un contexto político marcado por la ausencia de legitimidad que enfrenta el gobierno de Maduro desde las polémicas elecciones de 2024.
En medio de esta situación, las autoridades venezolanas han reafirmado la continuidad de la administración de Maduro. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, declaró que Maduro es «el único presidente» y solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la declaración de un estado de conmoción exterior tras esta crisis. Por contraste, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su administración tomará el control de la situación en Venezuela, indicando una agudización de tensiones entre ambos países. Este complejo escenario plantea interrogantes sobre el futuro político de Venezuela y la posible sucesión en el liderazgo del país.
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