Un nuevo capítulo en la lucha por la privacidad de los datos se ha abierto hoy en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Electronic Frontier Foundation (EFF), junto a una coalición de defensores de la privacidad liderada por Lex Lumina, ha presentado una demanda que busca frenar la divulgación de información privada por parte de la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. (OPM) al «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE) de Elon Musk.
La acción legal se emprende en representación de dos sindicatos de trabajadores y numerosos empleados, presentes y pasados, del gobierno. La demanda no solo solicita el cese de la divulgación de estos datos, sino también la eliminación de cualquier información ya compartida con DOGE. De acuerdo con los demandantes, la OPM, bajo la dirección interina de Charles Ezell, habría violado la Ley de Privacidad de 1974, transfiriendo registros personales a esta nueva entidad.
El caso incluye testimonios de destacados representantes sindicales, como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Asociación de Jueces Administrativos. Empleadas como Vanessa Barrow, del Centro Médico de Veteranos de Brooklyn, y George Jones, presidente del AFGE Local 2094, figuran entre los demandantes individuales. Ellos destacan que la OPM administra uno de los acervos más extensos de datos personales en el país, con información que podría comprometer a millones de trabajadores federales, jubilados y aspirantes a puestos en la administración pública.
La OPM no es ajena a controversias relacionadas con la privacidad. Un episodio crítico ocurrió en 2015, cuando una brecha de datos expuso el material sensible de más de 22 millones de personas. La Ley de Privacidad de 1974 busca precisamente evitar este tipo de situaciones, imponiendo restricciones sobre cómo el gobierno puede manejar la información privada de los ciudadanos.
La queja reciente resalta que no hay justificación legal para que DOGE acceda a los registros de personal, subrayando que tal acción de la OPM representa un serio riesgo a la seguridad y privacidad de millones de estadounidenses. La EFF, con su legado de más de tres décadas protegiendo los derechos de privacidad digital, lidera esta batalla legal para asegurar que estos principios no solo se respeten, sino que se fortalezcan en tiempos de creciente preocupación y vigilancia digital.
