Un fallo del Tribunal Constitucional reabre las puertas de la Escuela Nacional de Policía a un aspirante sancionado durante el estado de alarma, al anular una norma que había operado desde 1981. El aspirante, sancionado por violar el confinamiento mediante su participación en una fiesta con otras 17 personas, había recibido una penalización que redujo notablemente su calificación final, desembocando en su exclusión del proceso selectivo. La sanción se impuso basándose en un reglamento de 1967, vigente durante la dictadura franquista, y que había sido mantenido sin ajuste a la legalidad vigente tras la Constitución de 1978. El Tribunal Constitucional ha declarado que dicha normativa no tiene respaldo legal, dado que las disposiciones reglamentarias posconstitucionales deben cumplir el principio de legalidad contemplado en el artículo 25 de la Constitución.
El fallo judicial corrige la postura previa que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo habían sostenido, los cuales apoyaron la sanción bajo el argumento de que no era necesaria una ley específica que amparara la norma aplicada. Según el fallo del Constitucional, mantener tal perspectiva atenta contra el derecho fundamental a la legalidad sancionadora, al tiempo que recalca que las relaciones de sujeción especial no deben restringir la protección de derechos fundamentales. Esta sentencia, con la que discrepan los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, muestra un cambio en la interpretación del uso de normas preconstitucionales, subrayando que estas deben adaptarse o eliminarse si no garantizan los derechos individuales esenciales alineados con la Constitución actual.
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