En un contundente caso de pederastia que ha sacudido a la Iglesia española, el colegio La Salle en San Sebastián y su congregación religiosa se han negado a reconocer plenamente las responsabilidades institucionales derivadas de los abusos cometidos por el hermano Patxi Ezkiaga Lasa, un docente que operó en el centro entre 1976 y 2012. Las agresiones sexuales, sufridas por una treintena de niñas, fueron denunciadas públicamente en 2024, y pese a la presión ejercida por las víctimas y el Ararteko, Defensor del Pueblo vasco, La Salle se ha limitado a ofrecer compensaciones individuales sin asumir una reparación colectiva. El proceso de intermediación, que prometía ser un puente hacia la sanación de las heridas, se ha cerrado sin acuerdo, dejando a las víctimas con una sensación de injusticia no resuelta.
El impacto del caso se ha extendido más allá del ámbito escolar, generando una serie de acciones públicas que buscan borrar la huella de Ezkiaga de su legado cultural y social. El Ayuntamiento de Legorreta, su localidad natal, ha retirado el nombre del religioso de la biblioteca municipal y de una plaza, además de desmontar una estatua erigida en su honor. Las asociaciones literarias que alguna vez lo reconocieron también han repudiado su figura. Mientras tanto, las víctimas, en su esfuerzo por asegurar justicia y reconocimiento, exigen un compromiso de La Salle para prevenir futuros abusos y adoptan una postura crítica ante el «ecosistema de impunidad» que permitió el accionar de Ezkiaga. Sin embargo, la congregación se ha aferrado a su postura de reparación individual, obstaculizando iniciativas significativas de reconciliación colectiva.
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