Las termas de Ourense han sido objeto de controversia después de recibir un informe de la Xunta que indica que estas instalaciones «no reúnen las condiciones legales para ser utilizadas como zona de baño público». Según el comunicado emitido por el consistorio, la administración autonómica ha señalado diversas deficiencias que impiden su uso seguro por los bañistas. Aunque estas termas son un atractivo turístico significativo en la región, su cierre provisional ha generado preocupación entre los residentes y visitantes que frecuentemente disfrutan de sus aguas termales.

El gobierno municipal está actualmente trabajando en un plan para cumplir con los requisitos legales y garantizar la reapertura de las termas. Sin embargo, la incertidumbre sobre el tiempo necesario para implementar las mejoras ha generado críticas entre la población local, que teme una prolongación del cierre durante la temporada alta de turismo. Las autoridades han expresado su compromiso de resolver los problemas identificados y restablecer el acceso público a este emblemático espacio lo antes posible.

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