La cuarta economía del euro, España, se ha distinguido por su intensa dedicación a la inversión en nuevas infraestructuras de transporte, mientras que la atención al mantenimiento de las rutas preexistentes queda relegada a un segundo plano. Esta tendencia, que se ha observado durante varios años, se explica principalmente por la facilidad de financiación que ofrecen los proyectos novedosos y por el atractivo político que representan en términos electorales. La creación de nuevas carreteras da una impresión de modernización y progreso que es bien recibida por el electorado, incluso si esto se produce a expensas del cuidado y conservación de la infraestructura ya existente.

Sin embargo, este enfoque desbalanceado podría acarrear consecuencias a largo plazo, afectando no solo a la eficiencia del transporte, sino también a la seguridad de las vías y al coste económico que supondrán las reparaciones urgentes en el futuro. La tentación de priorizar el gasto en proyectos visibles y potencialmente rentables políticamente podría responder a un análisis cortoplacista que ignora el impacto que el deterioro de las infraestructuras actuales puede tener a medio y largo plazo. Así, mientras las autoridades españolas presumen de grandiosas inauguraciones, la ciudadanía podría enfrentarse a un aumento de problemas en sus desplazamientos cotidianos, reflejando un desequilibrio entre la inversión en el presente y el mantenimiento sostenible del pasado.

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