Casi el 40% de las adjudicaciones en la contratación pública española se resuelven sin competencia real, según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). El número medio de ofertas por procedimiento bajó a 2,99 en 2023, frente a las 4,09 de cuatro años antes.
La cifra más reveladora apunta a los concursos con un único licitador. Excluyendo los procedimientos negociados sin publicidad, que por su naturaleza no son abiertos, casi la mitad de las adjudicaciones se concretaron con una sola empresa presentando oferta. Eso pone en cuestión si los pliegos de condiciones están diseñados para atraer a varios operadores o para ratificar a un proveedor previsto de antemano.
Ignacio Huertas, fundador de licitaciones.io, señala que la competencia no se pierde en el momento de la adjudicación sino en la fase de redacción del pliego. Los requisitos técnicos, las agrupaciones de lotes y los plazos de ejecución se pueden configurar de forma que solo uno o dos proveedores puedan cumplirlos, aunque sin infringir la ley.
Este problema se concentra en sectores con alta especificidad técnica: el ferroviario, el sanitario y el energético. En esos ámbitos, las certificaciones requeridas, los historiales de ejecución exigidos y la falta de divisiones por lotes hacen que el proceso quede reducido, en la práctica, a un candidato posible. La Comunidad de Madrid afronta ese mismo reto en la licitación del nuevo sistema de pago en el transporte público, con una asistencia técnica valorada en 2,7 millones de euros.
Huertas advierte de que la ausencia de competencia no supone irregularidad en todos los casos, pero arrastra consecuencias concretas: precios sin presión comparativa, menor incentivo para innovar y una dependencia de proveedor que complica los cambios tecnológicos futuros. Cuando la administración no puede prescindir de una empresa tras años de prestación de servicio exclusiva, su capacidad de negociación es mínima.
El Ministerio de Hacienda ha incluido la mejora de la contratación pública entre los compromisos del Plan de Recuperación, pero sin establecer metas numéricas sobre el número mínimo de ofertas por procedimiento. El Ministerio de Sanidad impulsa dinámicas de competencia abierta para mejorar sus sistemas de gestión, un modelo que otros departamentos podrían replicar en sus procesos de compra.
El análisis de OIReScon apunta a que el marco legal no es el obstáculo central. La Ley de Contratos del Sector Público ofrece mecanismos para fomentar la concurrencia, pero su uso depende de la voluntad de cada órgano contratante. La práctica de reproducir pliegos anteriores, de agrupar lotes para simplificar la gestión y de fijar requisitos ad hoc opera de forma silenciosa y difícil de fiscalizar desde fuera.
Se considera que hay competencia efectiva cuando varias empresas presentan ofertas en condiciones de igualdad y sin ventajas derivadas del diseño del pliego. Si solo concurre un licitador, el proceso es formalmente válido pero carece de competencia real.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación es el organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda que supervisa y evalúa el sistema de contratación pública en España.
Los datos muestran una caída de 4,09 ofertas de media en 2019 a 2,99 en 2023. Pliegos más restrictivos, agrupación de lotes y concentración del mercado en ciertos sectores son las causas identificadas.
Sí. La ley permite dividir contratos en lotes, revisar los requisitos de solvencia para no excluir a pequeñas y medianas empresas, y publicar los criterios de valoración con antelación suficiente. Esas prácticas requieren más trabajo técnico previo pero son accesibles para cualquier órgano contratante.
En el procedimiento negociado sin publicidad, la administración contacta directamente con uno o varios proveedores. La ley lo autoriza en supuestos tasados: contratos de bajo valor, urgencia extrema o monopolio técnico. En la licitación abierta, cualquier empresa puede concurrir y el proceso es público.
