Desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11 de septiembre, la vigilancia descontrolada y las violaciones de derechos han sido una constante en su funcionamiento. En particular, las agencias de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) han estado involucradas en múltiples infracciones de derechos civiles y digitales. En el último año, sin embargo, estas agencias han cruzado límites aún más preocupantes, mostrando un absoluto desprecio por la responsabilidad democrática y el marco constitucional que deben seguir.
Durante la administración de Trump, la aplicación indiscriminada de la inmigración y la masiva deportación se convirtieron en elementos centrales de la política gubernamental, y los agentes de ICE y CBP han operado con casi total impunidad. En los últimos meses, se han llevado a cabo grandes redadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, impulsadas por un aumento de financiación sin precedentes para la inmigración y la aplicación de la ley. En este contexto, los agentes no solo han trabajado en el terreno, sino que también han recurrido a tecnologías de vigilancia como el escaneo de rostros y el seguimiento de la actividad de teléfonos celulares en vecindarios enteros, poniendo en peligro tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses.
Los recientes eventos en Minnesota han resaltado la gravedad de esta situación. Dos individuos, Renee Good y Alex Pretti, perdieron la vida a manos de agentes de inmigración mientras ejercían su derecho a observar y grabar la actuación policial. Estos asesinatos solo salieron a la luz gracias a la grabación de testigos, que ayudaron a contrarrestar las narrativas engañosas promovidas por la administración en un intento de justificar lo injustificable.
Las violaciones a la Constitución por parte de ICE y CBP no son incidentes aislados. Hace poco, se filtró un memorándum de ICE que autorizaba a los agentes a ingresar a hogares únicamente con «órdenes administrativas», sin ningún tipo de participación judicial. Esta política se opone al núcleo mismo de la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos de registros y confiscaciones irrazonables, especialmente en sus propios hogares.
Ante esta alarmante situación, es urgente que cesen estas violaciones. ICE y CBP han mostrado tal desdén por el Estado de derecho que es evidente que no bastan reformas o límites. Muchas voces se han unido para exigir que el Congreso rechace cualquier financiación adicional para estas agencias esta semana. Sin embargo, esto no es suficiente; es fundamental que el Congreso emprenda una verdadera reconstrucción del sistema de aplicación de la ley de inmigración desde sus cimientos, asegurando que respete los derechos humanos y la dignidad de las personas, con una rendición de cuentas real para cada oficial, su liderazgo y la agencia en su conjunto.
