El conflicto educativo en la Comunidad Valenciana ha llegado a un punto crítico, impulsado por una manifiesta insatisfacción entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria. La huelga convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CC OO y UGT ha reunido a miles de docentes que exigen una mejoría en sus condiciones laborales, citando la falta de actualización salarial, ratios de alumnos por clase elevadas, infraestructuras deficientes especialmente en áreas afectadas por la dana y un resurgente ataque a la enseñanza en valenciano. Mientras que la Consejería de Educación reportó un seguimiento de la huelga de un 17,49%, los sindicatos afirman que el 60% de los docentes respaldaron el paro. La disparidad en las cifras no ha aminorado el clamor del colectivo por una revisión urgente de las políticas del Consell del PP ni la exigencia de una negociación significativa con la nueva consejera de Educación, María del Carmen Ortí.

La situación se tensa aún más con el telón de fondo de un deterioro en el poder adquisitivo del profesorado valenciano, mermado en más del 25% desde 2010, y la controversia sobre la presunta persecución del uso del valenciano en el ámbito educativo promovida durante el mandato del ex-presidente Carlos Mazón. Los sindicatos denuncian que las consultas promovidas por la Generalitat para definir la lengua base de enseñanza encubren un intento de erradicación del valenciano, a pesar de que una ligera mayoría de familias optaron por mantenerlo. Además, las demandas de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic de Qualitat ponen de relieve no solo las precariedades corrientes, sino también la necesidad urgente de rehabilitar centros educativos en condiciones deplorables. Con un claro ultimátum a las autoridades educativas, los sindicatos y agrupaciones organizadoras han dejado claro que, de no observarse cambios significativos, la movilización continuará hasta alcanzar un sistema educativo que garantice los derechos de docentes y alumnos por igual.

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