El panorama regulatorio para los centros de datos en España está en un punto de inflexión, tras la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto de Real Decreto por parte de la empresa Templus. Esta acción refleja las preocupaciones de un sector que se siente en la mira del Gobierno debido al nuevo marco legislativo propuesto, el cual, según los operadores, carece de consenso y coloca al mercado español en una potencial desventaja competitiva respecto a otras naciones europeas.
El proyecto de Real Decreto, aún en fase de consulta pública, busca abordar el rápido incremento en las solicitudes de capacidad eléctrica, que han alcanzado más de 6 gigavatios en la red de transporte desde finales de 2023. MITECO, el organismo a cargo, establece nuevas reglas para centros de datos que excedan 1 MW de potencia de acceso, con el objetivo de ordenar la distribución de recursos escasos como la electricidad y el agua. Sin embargo, Templus propone elevar este umbral a 10 MW, argumentando que la regulación propuesta, de implementarse, afectaría de manera desproporcionada a instalaciones más pequeñas, comprometidas con el desarrollo digital de regiones como Barcelona, Valencia y Málaga.
Templus no está sola en esta crítica: asociaciones como Spain DC y el Gobierno de Aragón también han solicitado revisiones al documento debido a su impacto sobre proyectos en desarrollo que ya cuentan con permisos. La principal fricción recae sobre la exigencia gubernamental de que los centros de datos respalden con nueva generación renovable el 80% de su consumo energético; una propuesta que incluye la correlación horaria y la adicionalidad, términos que añaden complejidad al cumplimiento de estos objetivos.
Desde la industria, figuras como Rafael Castrillo advierten que la regulación no debería comprometer la competitividad digital y plantean la necesidad de reabrir el diálogo con el Gobierno. El sector subraya que una regulación eficaz debe ser equilibrada, permitiendo la expansión necesaria para que España continúe siendo un hub atractivo para la infraestructura digital, mientras se alinea con las metas de sostenibilidad.
El debate también abarca preocupaciones más amplias sobre sostenibilidad y competitividad. Operadores señalan que diferencias regulatorias podrían provocar un desvío de inversiones hacia mercados menos restrictivos, alterando la viabilidad de proyectos a largo plazo. Por lo tanto, el trasfondo de esta discusión no es solo ambiental: las decisiones tomadas influirán en cómo y cuántos centros de datos pueden operarse de manera sostenible, afectando finalmente a un sector crucial para la economía digital del país.
Con el plazo de alegaciones oficialmente cerrado, corresponde ahora al Ejecutivo considerar las objeciones presentadas. Sea cual fuere el resultado, el documento final será un pilar esencial para definir el futuro de la infraestructura digital en España, estableciendo parámetros que equilibren las ambiciones sostenibles con las realidades del mercado y la industria tecnológica.
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