El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido arrestado tras semanas de resistencia en su residencia, donde estuvo protegido por su equipo de seguridad y vehículos estratégicamente colocados. Finalmente, accedió a presentarse ante la Oficina Anticorrupción, aunque se negó a emitir declaraciones. La detención, que tuvo lugar en Seúl y fue informada por la agencia Yonhap, se basa en la investigación que se sigue en su contra por la declaración de ley marcial promulgada en diciembre. Esta acción fue vista como un intento de golpe de Estado, lo que llevó al Parlamento a revocar su medida y realizar una exitosa moción de destitución en su contra.
La situación ha dividido a la sociedad surcoreana, con simpatizantes y detractores del destituido presidente confrontándose. Yoon motivó su decisión de presentarse ante las autoridades para evitar un «derramamiento de sangre», a la vez que insistió en que la investigación era ilícita, señalando un colapso del estado de Derecho en el país. No obstante, enfrenta cargos de insurrección, un delito al que los presidentes surcoreanos no son inmunes. Actualmente, su destino político pende de un hilo, ya que el Tribunal Constitucional debe decidir si su inhabilitación será definitiva o si será restituido en el cargo.
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