Agentes de la Policía Nacional han culminado una de las operaciones más significativas en la lucha contra el tráfico internacional de cocaína en Europa y el Atlántico. La operación, resultado de más de un año de investigación y coordinación internacional, desarticuló un entramado criminal que controlaba la llegada y distribución de grandes cantidades de droga en territorio español, principalmente a través de embarcaciones de alta velocidad conocidas como “narcolanchas”.
En total, se realizaron 49 entradas y registros en diferentes puntos estratégicos desde Lanzarote hasta el Campo de Gibraltar, incluyendo zonas de las islas Canarias, la península, Marruecos e incluso Portugal. La labor conjunta de la Policía Nacional, con apoyo de la NCA, DEA, Europol, MAOC-N, la DGSN y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde, permitió detener a 105 personas relacionadas con esta red criminal. Durante la operación, se incautaron aproximadamente 10.400 kilos de cocaína, además de 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, diversos materiales tecnológicos y armas de fuego. La carga aprehendida tiene un valor estimado en 2,5 millones de euros, y se incautaron también medios de transporte aéreos como dos hexacópteros y numeroso material náutico y electrónico sofisticado, incluyendo inhibidores de frecuencia y dispositivos de encriptación.
El modus operandi de la organización se centraba en operaciones nocturnas. Utilizaban embarcaciones que podían superar los 40 nudos de velocidad para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad. Sus rutas solían partir desde diversos ríos del sur de España, como el Guadalquivir, y de las costas marroquíes y portuguesas, con puntos de encuentro en el océano Atlántico con buques nodrizas encargados de trasvasar la droga hacia embarcaciones menores o plataformas en alta mar. Estas plataformas permanecían en el mar durante más de un mes, donde almacenaban combustible (más de 100.000 litros), suministraban víveres, y mantenían los barcos en condiciones para futuras operaciones. Los propios pilotos y tripulantes de estas plataformas gestionaban cambios de personal en alta mar, evitando así la detección y facilitando continuas operaciones de tráfico.
Una estructura compleja y bien coordinada se extendía desde Galicia y el sur de la península hasta las islas Canarias y las costas marroquíes. Se intervino en centros logísticos y de lavado de activos en la zona del Campo de Gibraltar, considerados claves para el funcionamiento de la red. Uno de estos centros proporcionaba terminales de comunicación seguros a la mayoría de los narcotraficantes en Andalucía, facilitando las operaciones de comunicación encriptada y navegación.
La organización también disponía de centros de almacenamiento de combustible y recursos logísticos, incluyendo más de 100.000 litros de gasolina, y mecanismos de vigilancia en puntos de control a lo largo de la costa, con el fin de monitorear los movimientos de las fuerzas policiales y la vigilancia aérea. Además, se detectó que una parte de los fondos ilícitos, que podrían haber alcanzado los 12 millones de euros, se destinaba a pagar compensaciones a familiares de tripulantes fallecidos, con la finalidad de garantizar el silencio y la impunidad de las actividades criminales.
Las investigaciones revelaron que esta red había logrado introducir en Europa aproximadamente 57.000 kilos de cocaína en el último año, principalmente provenientes de Colombia y Brasil, con coordinadores en Marruecos, Cádiz y las islas Canarias. Se logró también la incautación de 6.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible en una operación conjunta portuguesa.
La operación se dividió en dos fases principales. La primera, culminada en junio pasado, permitió la detención de 48 sospechosos y la confiscación de cerca de 3.800 kilos de cocaína. La segunda etapa, finalizada en noviembre del mismo año, resultó en la detención de 57 personas más y en la incautación de numerosos recursos tecnológicos y materiales utilizados en la actividad delictiva.
Financiada en parte con fondos europeos del Fondo de Seguridad Interior, la operación contó con la colaboración de la Unión Europea, en un esfuerzo coordinado para fortalecer la seguridad marítima y combatir las redes criminales que amenazan la estabilidad y seguridad en la región. La coordinación internacional, la tecnología de última generación y la cooperación de múltiples agencias han sido clave para desmantelar una organización que operaba con amplias y sofisticadas redes de protección y logística en múltiples países del Atlántico.
Las fuerzas de seguridad continúan con las investigaciones para identificar y desmantelar cualquier posible remanente de esta red, que demostró ser una de las principales amenazas en el combate al tráfico de drogas en Europa en los últimos tiempos.
Fuente: Ministerio del Interior
