Una jueza federal de Estados Unidos ha frenado temporalmente la deportación de cientos de niños guatemaltecos, generando un nuevo revés a las políticas migratorias de la Administración Trump. La decisión de la magistrada Sparkle Sooknanan surge tras una demanda que argumenta que estas expulsiones serían ilegales y peligrosas para los menores, quienes ya se encontraban en aviones listos para ser enviados de regreso. Este bloqueo, válido por 14 días, amplía el alcance de un caso inicial de diez menores y afecta a todos los niños guatemaltecos bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. La acción judicial señala que estos niños podrían enfrentar abusos y no se les permitiría ejercer su derecho a un juicio justo ni solicitar asilo en EE.UU.
La situación ha provocado una reacción en cadena en los tribunales, con demandas similares en estados como Arizona e Illinois, buscando frenar las deportaciones de menores no acompañados. Aunque el gobierno guatemalteco ha expresado su disposición para recibir a estos niños, los abogados de los menores rechazan la justificación del Gobierno de EE.UU. de estar devolviéndolos a petición de sus familiares. Sostienen que las deportaciones violan el debido proceso legal, ya que muchos de estos menores tienen casos pendientes en los tribunales de inmigración. Ante este panorama, la Administración enfrenta crecientes críticas y obstáculos en su intento de implementar políticas más estrictas contra la inmigración infantil centroamericana.
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