En las últimas semanas, las encuestas electorales han vuelto al centro del debate público debido a sus debilidades metodológicas y su influencia en las decisiones ciudadanas. Estas herramientas, fundamentales para medir la opinión pública y comunicar tendencias políticas, pueden sesgarse por errores metodológicos o manipulación deliberada, lo que distorsiona la percepción del proceso democrático. La polémica se intensificó con el escándalo que afecta al gobierno de Milei en Argentina y el impacto de las campañas de desinformación asociadas a Fernando Cerimedo. Su empresa, Numen, ha sido acusada de difundir encuestas tendenciosas en procesos electorales en Chile, influyendo en la percepción pública y favoreciendo intereses políticos específicos.
Numen, bajo la dirección de Cerimedo, ha sido conocida por utilizar herramientas como granjas de trolls e inteligencia artificial para propagar mensajes políticos, modelando la conversación mediática a través de encuestas falseadas. Un caso emblemático es el plebiscito chileno de 2020, donde su encuesta proyectó un resultado que no se correspondió con la realidad, demostrando su falta de precisión y su rol propagandístico. A pesar de su evidente fracaso, la estrategia logró posicionar a Cerimedo y su empresa como actores prominentes de la desinformación. Investigaciones recientes indican que continuaron operando en el plebiscito de 2022, mostrando la necesidad urgente de un marco regulador que garantice la transparencia y la integridad de estos instrumentos en los procesos electorales.
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