En una operación coordinada por la Fiscalía Europea, agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han logrado desmantelar una compleja organización criminal dedicada al fraude fiscal en el sector de bebidas alcohólicas, con un perjuicio estimado de 32,8 millones de euros para las arcas del Estado español y la Unión Europea. La operación, que se llevó a cabo en varias fases, resultó en la detención de 18 personas, entre ellas los cinco cabecillas del entramado, y en el registro de doce ubicaciones ubicadas en Barcelona, Tarragona y Valencia.
Los registros se realizaron en empresas, domicilios particulares y depósitos fiscales, además de contar con actuaciones complementarias en Portugal y Bélgica, demostrando la dimensión internacional de la red criminal. En total, se intervinieron numerosos bienes, incluyendo vehículos, más de 430.000 euros en efectivo, 40 inmuebles vinculados a la organización y una importante cantidad de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles. Además, se incautó significativa documentación que ahora será clave para profundizar en las investigaciones.
La investigación empezó tras detectar la existencia de un sistema fraudulento que operaba mediante diversas empresas pantalla en Bélgica, Portugal y España. Los investigadores lograron desentrañar cómo estas sociedades utilizaban facturación falsa para evadir impuestos relacionados con la importación y distribución de bebidas alcohólicas en el mercado español. En el trasfondo, se descubrió que el esquema fraudulento se apoyaba en dos depósitos fiscales en territorio nacional, en los que determinadas mercancías podían almacenarse sin pagar inmediatamente el IVA, que solo se generaba al momento de la salida de los productos hacia el mercado.
El mecanismo del fraude estaba sustentado en la participación de intermediarios fraudulentos, también conocidos como “empresas fantasma”, que adquirían las bebidas alcohólicas y asumían la obligación tributaria de pago del IVA. Después, desaparecían sin ingresar dichos impuestos. La mercancía era revendida a través de una red de sociedades ficticias, que emitían facturas falsificadas para esconder la circulación ilícita de los productos, cuyo destino final era el mercado español. Este circuito fraudulento generaba un IVA no declarado que, en consecuencia, beneficiaba a la organización con importantes ganancias ilícitas.
Los cálculos de los investigadores indican que, entre 2019 y 2025, las actividades delictivas habrían generado un perjuicio de aproximadamente 32,8 millones de euros, equivalente a los fondos que debería haber ingresado en las arcas públicas. Además, se sospecha que los beneficios obtenidos podrían estar siendo blanqueados, y que al menos una de las sociedades implicadas mantenía conexiones con las Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar.
La operación forma parte de un esfuerzo internacional para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, en el que han participado no solo las autoridades españolas, sino también agencias de Portugal y Bélgica. La investigación permanece abierta y no se descarta la realización de nuevas actuaciones en los próximos meses, en un intento por cerrar definitivamente los circuitos delictivos y garantizar la recuperación de los fondos defraudados.
Fuente: Ministerio del Interior
