Decenas de personas se congregaron este miércoles en Barcelona, frente al bloque Sant Agustí 14, para protestar contra el desahucio de Txema Escorsa, un inquilino que ha residido en el edificio durante 11 años. La orden de desalojo, dictada por un fondo de inversión que adquirió el inmueble en 2023, buscaba transformar el lugar en ‘colivings’, un modelo habitacional que incluye el alquiler de habitaciones a precios que pueden alcanzar los 950 euros mensuales. Sin embargo, gracias a la movilización ciudadana y a la intervención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el desahucio fue finalmente suspendido, aunque la situación para Txema sigue siendo incierta.
Txema, que trabaja como profesor y paga un alquiler de 800 euros, denunció que la empresa New Amsterdam Developers ha estado tratando de desocupar el edificio, donde anteriormente vivían 11 familias y ahora quedan solo cinco. A pesar de los esfuerzos de negociación realizados por el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia para evitar el desalojo, el fondo de inversión no accedió a mantener a los residentes. Ilustrando un contexto más amplio, el Govern anunció que abrirá un expediente contra la empresa por posibles incumplimientos normativos en sus prácticas, reafirmando así su compromiso con la protección del derecho a la vivienda en Cataluña.
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